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Pablo A. Cicero Alonzo
11/08/2026 | Mérida
El anuncio aparece en Instagram entre recetas y videos de viajes: una gasolinera nueva bajo un cielo azul, surtidores verdes, una tienda de conveniencia iluminada, cargadores para autos eléctricos. Encima, la oferta: usted puede ser socio de una estación de servicio.
Quien deja sus datos recibe respuesta el mismo día. Un asesor manda las tarjetas con las cifras y luego llega la invitación a una plática, donde un promotor despliega el plan de negocios.
La estación se levantará en el kilómetro 180 de la carretera Cancún-Mérida, en Kantunil, un municipio de 6 mil habitantes a unos 65 kilómetros de la capital yucateca, sobre el corredor que va hacia Chichén Itzá y la Riviera Maya. En los documentos que reciben los interesados, el domicilio aparece con código postal 97670 y la leyenda «Mérida, Yucatán».
El proyecto se vende como un club cerrado: 100 inversionistas, ni uno más. Cada uno compra una acción Serie B con valor de 690 mil pesos. La suma total que el esquema busca captar asciende a 69 millones de pesos.
El pago funciona como el de una camioneta: 15 por ciento de enganche, es decir 103 mil 500 pesos, y el saldo en 38 mensualidades de 15 mil 434 pesos. Las tarjetas promocionales fechan el arranque en marzo de 2026, de modo que el último recibo caería a mediados de 2029.
La ganancia prometida es el corazón de la campaña. Los materiales anuncian rendimientos anuales de entre 14 y 24 por ciento sobre la inversión: desde 82 mil pesos hasta más de 165 mil pesos al año, según el escenario. Una gráfica de pastel reparte los porcentajes en colores y añade la frase «Ganancias todos los días».
A los interesados les entregan además un simulador en Excel con el logo de la marca. La hoja proyecta 20 años de operación bajo tres escenarios —12, 18 y 24 por ciento anual—, con un ajuste por inflación de 3 por ciento. En el peor de los casos, la tabla arroja una ganancia acumulada de 2.2 millones de pesos; en el mejor, de 4.4 millones, con ingresos mensuales promedio de entre 9 mil y 18 mil pesos. Al pie de la hoja, en letra pequeña, aparece la advertencia: «Estos datos son proyecciones de proforma».
Lo que los promotores no sabían es a quién le estaban vendiendo. Marcial Díaz Ibarra es abogado consultor del sector energía con estudios en administración pública. Trabajó más de una década en la Dirección Jurídica de Pemex y fue subgerente jurídico en Pemex Refinación Zona Norte, en Pemex Gas y Petroquímica Básica y en Pemex Exploración y Producción. Preside desde 2017 la Asociación de Regulados del Sector Energético (ARSE).
Escribe columna permanente en Oil&Gas Magazine, publica en Energy 21 y lo consultan diarios de tiraje nacional. Da conferencias sobre el ramo en México y Estados Unidos. Pidió informes. Le mandaron todo.
Foto: Pablo Cicero
Díaz Ibarra llevó el caso a foros del sector. A uno de ellos entró la prensa, y se hizo público el análisis del especialista y con el contenido del contrato de promesa de suscripción y aportación que firman los interesados.
El primer número que no cuadra es el rendimiento. Un gasolinero en México gana entre 4 y 7 por ciento anual. La oferta promete de tres a cinco veces esa cifra. El propio contrato desactiva la promesa: ahí queda escrito que los rendimientos no se garantizan, que las cifras son proyecciones financieras y que la empresa no responde si los resultados terminan siendo otros.
El destino del dinero también admite giros. Aunque el documento señala que los recursos van al proyecto de Kantunil, un apartado faculta a la Asamblea de Accionistas para darles otro uso conforme a los estatutos.
Quien compra una acción Serie B queda excluido de votar y no tiene facultades de administración ni de decisión sobre la sociedad. Puede asistir a reuniones informativas y opinar, sin efectos jurídicos. Entregado el dinero, la administración queda íntegramente en manos de la empresa y sus órganos de gobierno.
Salirse cuesta. El inversionista que quiera vender sus derechos solo puede transferirlos a un familiar, necesita autorización de la empresa, debe haber cubierto al menos 80 por ciento de su participación y paga los gastos administrativos que la propia empresa fije.
Las penas por incumplimiento corren en ambas direcciones con el mismo porcentaje: si el inversionista falla, la empresa retiene 30 por ciento del valor de la operación, devuelve el resto y revende la acción; si la empresa falla, devuelve el dinero con una penalización de 30 por ciento. Y si el proyecto nunca se concreta —por permisos, por autoridades, por fuerza mayor—, la promesa se reduce a regresar lo aportado.
Las acciones, según el mismo contrato, se entregarían hasta diciembre de 2029, con prórroga de hasta seis meses. Es decir, el inversionista paga durante tres años antes de tener el papel en la mano.
En los renders que circulan entre los interesados aparecen los logos de Pemex y de Oxxo. La tienda de conveniencia funciona como argumento de venta: flujo garantizado, tráfico constante, un ancla comercial reconocible en toda la península. En algunos de los videos promocionales, los propios promotores aclaran que la participación de esas firmas todavía no está asegurada.
El nombre bajo el que se promueve el proyecto tiene dueño desde hace más de una década. La marca SmartGas fue registrada en 2013 en Sinaloa por la razón social Auto Servicio la Piedrera, S.A. de C.V., junto con Ignacio Emilio Escobosa Serrano y José Félix Cedeña Medina. El negocio que se anuncia en Yucatán está en manos de Smart Desarrollos, de Juan Carlos Espinosa Vargas, y ninguno de sus 22 registros ante el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía incluye esa marca.
Alejandro Cueto, exgerente de operaciones del grupo SmartGas sinaloense y actual presidente estatal de Onexpo Sinaloa, deslindó a la empresa del proyecto meridano.
Espejitos
En entrevista, Díaz Ibarra clasifica la oferta con dos etiquetas: «un producto milagro» y «una venta de espejitos».
La comparación que usa para explicarlo la conoce cualquiera que haya manejado por el periférico de Mérida y visto los espectaculares: los lotes de inversión que anuncian terrenos «a 10 minutos de Mérida y a 15 de la playa» y que, al llegar, quedan en medio de la nada, sin agua, sin luz, sin camino pavimentado.
En esta ocasión se vende el sueño de ser empresario gasolinero, algo así como lotes de inversión pero con esteroides.
El paralelo alcanza los detalles: la ubicación que se estira hasta hacerla sonar urbana, la marca prestada, el socio comercial que aún no firma, los rendimientos que ningún operador del ramo alcanza y el contrato que dice lo contrario del anuncio. El consejo de Damián López para quien vea el anuncio en Instagram cabe en una línea: leer la letra chiquita antes de firmar el enganche.
