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Astrid Sánchez
13/10/2026 | Mérida
Las comunidades mayas de Pisté, donde se encuentra Chichén Itzá, y Telchaquillo, en cuyo territorio está Mayapán, exigieron que la nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos reconozca que las zonas arqueológicas son patrimonio de los pueblos que las construyeron y cuidaron durante siglos, así como su derecho a administrarlas y participar en sus beneficios.
Durante una conferencia de prensa encabezada por el Concejo Indígena de Gobierno de Pisté, representantes de ambas comunidades denunciaron que las autoridades continúan aplicando la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972, que atribuye a la nación la propiedad de los monumentos, pero no menciona a los pueblos indígenas ni contempla sus derechos a la consulta y a la participación en la administración de estos espacios.
“El Estado siempre tiene la misma respuesta y la repite cada vez que puede: las pirámides son bienes de la nación, pero lo que los pueblos denuncian es que detrás de esa frase, el Estado despoja a los pueblos indígenas de su patrimonio con el pretexto de la utilidad pública. Y en los hechos, la utilidad pública tiene nombre: explotación turística. Para el pueblo no es una zona arqueológica, es territorio del ejido y es un lugar sagrado, el centro ceremonial donde comienza lo que son”, advirtió Álvaro Mena, asesor de la comunidad.
Recordaron que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ha ocupado durante dećadas la zona arqueológica de Mayapán, actualmente cerrada, porque su única propuesta ha sido pagar al ejido por quedarse con ese territorio, mientras que la comunidad pide ser incluida en la coadministración.
“Nosotros no queremos sustituir al INAH en lo que sabe hacer. Queremos administrar lo que es nuestro, que reanude las mesas de diálogo, que firme el convenio de coadministración de Mayapán con la comunidad, que se desista por escrito de cualquier expropiación sobre nuestras tierras y que cese la criminalización de quienes defienden la comunidad”, declaró Filiberto Martín Uc, presidente del comisariado ejidal de Telchaquillo.
Por otro lado, Pablo Euán, integrante del Concejo Indígena de Gobierno de Pisté, acusó que las decisiones sobre Chichén Itzá han afectado a las familias de la comunidad sin que se les consulte, desde la imposición del Centro de Atención a Visitantes (Catvi) como único acceso a la zona arqueológica hasta el cierre del parador tradicional, donde en agosto pasado se instaló una base permanente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán.
“Cuando un pueblo no da su consentimiento y la decisión se ejecuta de todos modos, eso no es diálogo, es imposición”, reclamó.
El defensor del territorio aseguró que la instalación del nuevo acceso y el cierre del parador han golpeado la economía local, de la que dependen artesanos, taxistas, mototaxistas, comerciantes y guías de turistas, además de miles de familias.
De acuerdo con las estadísticas públicas del INAH, la zona arqueológica de Chichén Itzá sí ha presentado una disminución en las visitas durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre, en comparación con las registradas en 2025. En esos cuatro meses, el año pasado llegaron 696 mil 363 visitantes, mientras que en el mismo periodo del año en curso el reporte es de 573 mil 112 turistas.
Euán aclaró que la comunidad no está en contra de la seguridad ni del turismo, sino de que se tomen decisiones sin su participación, y recordó que las familias mayas han vivido en el entorno de Chichén Itzá durante generaciones, incluso antes de que el sitio se convirtiera en uno de los principales destinos turísticos del país.
Por ello, el pasado 26 de mayo, el Concejo Indígena presentó un amparo contra el INAH, el Gobierno de Yucatán y el Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos (Cultur), para impugnar las medidas tomadas sin consulta, exigir la reapertura del acceso tradicional y solicitar que se retire la base policial del antiguo parador.
El 8 de octubre, un tribunal colegiado resolvió que los planteamientos de la comunidad deberán examinarse al dictarse sentencia, por lo que el juicio continúa, mientras el Concejo pidió al Juzgado Quinto de Distrito en Yucatán que avance con la demanda y se pronuncie sobre la suspensión solicitada desde mayo.
“Exigimos que ninguna medida más se tome sobre la zona arqueológica y su entorno sin consulta previa, libre, informada y de buena fe con nuestra comunidad”.
Representantes de ambas comunidades pidieron a nivel local que se reanuden las mesas de diálogo y se prioricen los derechos de los pueblos indígenas, mientras que a nivel federal lanzaron el llamado para que quede establecido en la Constitución y en la Ley que todas las zonas arqueológicas deben ser administradas por los pueblos que las heredaron.
Mena recordó que México ratificó en 1991 el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, aprobó en 2022 la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas y reformó en 2024 el artículo segundo constitucional para reconocer los derechos de los pueblos indígenas sobre su patrimonio material e inmaterial, pero consideró que esos avances no se reflejan en la forma en que las autoridades administran los sitios arqueológicos.
“Una nación que se sustenta en sus pueblos no puede declararse dueña de lo que esos pueblos construyeron y han cuidado durante siglos… Para las autoridades son museos al aire libre, para los pueblos son centros ceremoniales y parte de su territorio”, reiteró.
Las comunidades plantearon tres exigencias centrales: que las autoridades dejen de aplicar la ley de 1972 por encima del artículo segundo constitucional y del Convenio 169; que el INAH y los gobiernos se sienten con Pisté y Telchaquillo para reconocer sus territorios y su derecho a cuidar y administrar sus lugares sagrados, y que la nueva ley reconozca sin excepciones el derecho de los pueblos a administrar su patrimonio, incluidas las zonas arqueológicas.
Dijeron que apenas este 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos aún no se enviará al Congreso de la Unión porque tiene pendientes que deben ser consultados, por lo que exigieron que su petición sea tomada en cuenta.
“Pedimos que la ley reconozca que las zonas arqueológicas en nuestros territorios son patrimonio cultural de nuestros pueblos, que reconozca nuestro derecho a coadministrarlas y a participar en sus beneficios”, declaró Filiberto.
Sobre el futuro de las movilizaciones en Pisté, Euán indicó que la comunidad continúa buscando una salida por la vía legal y el diálogo, pero que las próximas acciones serán decididas en asamblea, en medio de las afectaciones económicas que, advirtió, mantienen a las familias bajo una presión creciente.
“El hambre es el que va a apretar y es el que va a decidir qué acciones va a tomar la comunidad”.
