Paul Antoine Matos
Foto: Robin Canul
La Jornada Maya

22 de octubre, 2015

A una semana de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discuta los amparos interpuestos por apicultores de siete estados del país sobre la utilización de organismos genéticamente modificados (OGM), en la península de Yucatán, Monsanto y asociaciones civiles discutieron el tema y los efectos de la siembra de soya transgénica en el sureste mexicano.

En un debate celebrado en Radio UNAM, durante el programa Chiapas Expediente Nacional, Monsanto, empresa de biotecnología, defendió la utilización de sus semillas modificadas genéticamente en el campo mexicano, con la premisa de que esto promueve beneficios a los productores en un ambiente tropical, además de que genera productividad. Rodrigo Ojeda, director legal, y Juan Manuel de la Fuente, gerente de Asuntos Regulatorios para Monsanto en Latinoamérica Norte, representaron a la trasnacional.

Las organizaciones ambientales y civiles Greenpeace, representada por María Colín; Ma OMG e Indignación, por Jorge Fernández; Ecosur y la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, por Remy Vandame, y Leydi Pech, por los apicultores de Hopelchén, Campeche, defendieron la postura de los peligros sanitarios, económicos y culturales que tendría permitir la siembra de soya transgénica.

El debate se dividió en cuatro ejes principales. El primero de ellos, sobre la resolución de la Suprema Corte. Rodrigo Ojeda, de Monsanto, manifestó que en Yucatán existe un interés y una demanda para utilizar el producto, pero se ha ignorado a los agricultores, quienes usan los transgénicos por los beneficios de la biotecnología.

Ojeda señaló que, si se consulta a los indígenas, la autoridad establecerá un precedente para las decisiones futuras, pues tendrían que pasar por la consulta pública entre las comunidades indígenas. Sin embargo, señaló que Monsanto acatará la resolución de la SCJN sin importar su sentido.

En defensa, el abogado de Indignación y Ma OGM enfatizó que tres de los amparos establecidos por los apicultores fueron respondidos favorablemente, dos de ellos por jueces de Campeche y uno más en Yucatán. Según Jorge Fernández, se viola el derecho de las comunidades mayas a un medio ambiente sano, porque ahora se carece de las condiciones adecuadas para la siembra.

Declaró que la Ley de Biodiversidad establece un procedimiento de consulta, y aunque no lo hiciera, debe estar acorde a los estándares del derecho humano, por el principio de no discriminación. “Una empresa trasnacional no está en igualdad de condiciones con las comunidades”, expresó.

La coexistencia entre la soya y la apicultura fue el segundo punto de la acalorada discusión. Remy Vandame defendió el interés de los apicultores, al señalar que la soya transgénica es visitada por las abejas, por lo que los productos de la miel se contaminan por el polen genéticamente modificado y no se pueden exportar al exigente mercado europeo.

“Hay ejemplos como el de Argentina, un precedente que demuestra que las exportaciones de miel cayeron por la contaminación. También, el uso de plaguicidas y la presencia del químico denominado glisofato, considerado por la Organización Mundial de la Salud como cancerígeno, están evidenciados en toxicidad que mata a las abejas”, aseguró.

Vandame sostuvo que el cultivo de soya requiere grandes extensiones de tierra e inversiones, de las cuales sólo se benefician los agricultores a nivel industrial; mientras los campesinos son desplazados.

“La coexistencia es posible”, argumentó Juan Manuel de la Fuente. “La dictaminación europea estableció una cantidad para no afectar las exportaciones y, según estudios de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), las abejas visitan poco las flores de soya, por lo que es baja la presencia de OGM’s en la miel”, explicó.

Sobre el impacto cultural que tendrá la siembra de transgénicos en la península, él mismo consideró que “la diversidad permite la evolución en las personas que forman los grupos culturales. La abeja melífera llegó en 1911 al sureste. Antes sólo estaba la melipona, por lo que se adoptó tecnología diferente a la tradicional en la cultura maya y lo hicieron sin perder su identidad”, afirmó.

Leydi Pech manifestó que “la apicultura es un patrimonio cultural de las comunidades mayas”, por lo que los campesinos de Holpechén no cultivan soya, no la consumen y tampoco existe la cultura de hacerlo.

Acusó a Monsanto de defender intereses empresariales y resaltó que las comunidades han sobrevivido en la actividad apícola “por el sabio manejo de los recursos naturales del bosque y la selva, que se complementan con las abejas. Con la siembra se corre el riesgo de deforestación”, enunció.

Por último, se abordó el papel de la sociedad y el Estado frente al problema. La representante de Greenpeace expresó que la falta de certeza científica sobre los riesgos para la salud no debe utilizarse para adoptar posiciones, ya que la empresa ofrece un tipo de evidencia científica mientras los apicultores otros.

Sin embargo, declaró que el principio precautorio debe ser aplicado, especialmente ante los reportes de que se siembra soya transgénica fuera del polígono autorizado y en áreas naturales protegidas.

El representante legal de Monsanto volvió a tomar la voz e indicó que los OGM’s son tecnología aceptada a nivel mundial, utilizada por agricultores de todo el globo. “No hay pruebas contundentes que señalen al glisofato como causante de la mortalidad en las colonias de abejas. Tampoco hay pruebas que asocien a Monsanto con el desplazamiento de campesinos”, concluyó.


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