Eduardo Lliteras Sentíes
La Jornada Maya

17 de agosto, 2015

En la pasada sesión ordinaria de cabildo hubo duras acusaciones. Salieron a relucir cuchillos verbales, anticipando un río de sangre [i]blanquiazul[/i]. Es decir, del alcalde saliente Renán Barrera Concha, a quien su partido está dejando desprotegido sin fuero, a diferencia de la ex alcaldesa Angélica Araujo Lara, a quien envistieron de senadora para protegerla de embates judiciales, precisamente.

No sólo fue lo que dijo el regidor priísta Rubén Segura Pérez, quien aseguró que “se hizo una campaña mediática para engañar a la ciudadanía en el tema de las luminarias” sino lo que afirmó el regidor priísta Enrique Alfaro Manzanilla, quien advirtió que “la justicia acecha” a Barrera Concha, en un tono que para algunos sonó a amenaza.

No sólo le aguaron la fiesta a Renán Barrera, sino que quisieron hacer creer a la población que la sentencia es definitiva, obligando el pago de más de 200 millones de pesos a esa empresa, cuando aún existen otros recursos judiciales.

El alcalde lo dijo con claridad: iremos a la siguiente instancia, que es federal, ya que sabíamos que el tribunal emitiría una sentencia contra el ayuntamiento. Si bien el edil rechazó que haya un complot contra su gobierno, dijo que en los próximos días se presentará un amparo y aseguró que el municipio no pagará un solo peso a AB&C Leasing. Al respecto, el alcalde electo, Mauricio Vila, ha guardado silencio, mirando desde la barrera los toros. Eso sí, AB&C Leasing anticipa que regresará a Yucatán y Mérida a hacer negocios… con las nuevas autoridades municipales.

[b]2016: menos dinero para todos[/b]

El año 2016 será muy difícil para la economía del país, con la aplicación de más recortes presupuestales –adicionales a los ya aplicados en 2015 y que suman más de 124 mil 300 millones de pesos–.

El alcalde Renán Barrera Concha explicó que fueron convocados de urgencia, en el Distrito Federal, los representantes de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), de la Federación Nacional de Municipios de México (Fenamm) y de la Asociación de Municipios de México AC (AMMAC) para un encuentro con Luis Videgaray. Ahí, el secretario de Hacienda anunció que “habrá recortes en todas las áreas. Es preocupante”, sentenció el edil meridano.

Los alcaldes propusieron a Videgaray “que incluya en el próximo presupuesto de egresos el pago del impuesto predial de inmuebles federales”, exigencia de tiempo atrás y que ha sido reiteradamente puesta sobre la mesa por el edil panista. Hablamos, por citar algunos, de los edificios que ocupan las onerosas delegaciones federales y del aeropuerto internacional de Mérida.

Barrera Concha explicó que plantearon dotar de más recursos a los municipios sin que pasen por la aduana de los gobiernos estatales, toda vez que éstos jinetean los recursos o de plano los congelan con fines políticos.

Como dijo el mismo Renán Barrera, esta petición es para evitar que los recursos lleguen tarde a los municipios. En el caso de Mérida, todos los años el dinero para el municipio llega con sumo retraso.

Según el edil, los recursos se aprueban en diciembre y se entregan un año después, atrasan obras y complican la administración municipal. Claramente, la maniobra es política, en particular en este 2015.

Se planteó también que los fondos metropolitanos sean decididos por los municipios, ya que “el interés de lo que sucede en los municipios conurbados es precisamente de éstos, que sufren los problemas”.

“Se lo dijimos a Videgaray, quien accedió, ya que los estados hacen obras desde el punto de vista estatal y no tienen relación con los fondos mencionados, como ha sucedido en Mérida”, o sirve de lucimiento personal para catapultar carreras políticas.

El recorte será aplicado como resultado de la caída de los precios del petróleo, pero también como efecto de la reforma energética en un contexto internacional de revaluación del dólar y devaluación piloteada del yuan chino, así como de crisis en Europa. Los ingresos del gobierno federal se han contraído mientras en estados como Tabasco, azotados por una oleada delictiva que sólo el pasado fin de semana dejó ocho muertos entre policías y delincuentes, los despidos del sector petrolero no cesan. Así sucede en Veracruz, pero también en Campeche.

Las bandas amenazan cada vez más a Yucatán. Sólo en una semana, el comandante de la Secretaría de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén Ojeda, y el fiscal del estado, Ariel Aldecua Kuk, anunciaron la desarticulación de dos peligrosas bandas que operaban en Progreso, dedicadas al robo de diésel e involucradas en una ejecución.

Sobre el caso Crecicuentas, y los centenares de defraudados, no hay respuesta. Ya cumplieron 50 fines de semana de plantones frente a palacio de gobierno.


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