Caso AB&C Leasing

Verónica Camacho Chávez y Paul Antoine Matos
La Jornada Maya

17 de agosto, 2015

Los graves costos económicos y políticos que generará el fallo del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Poder Judicial del Estado de Yucatán (TJFAY) contra el ayuntamiento de Mérida, pese a que no son del todo certeros provocaron gran preocupación en varias esferas de la política y sociedad de la capital.

El pasado jueves la instancia judicial determinó que el municipio debe pagar 203 millones de pesos a la empresa jalisciense AB&C Leasing por cancelar el contrato por el arrendamiento de 82 mil luminarias.

Tal decisión afecta al actual presidente municipal Renán Barrera Concha, a su sucesor, Mauricio Vila, así como a la economía local. Pese a que actores de la política y de la sociedad consideraron atinada la decisión del actual presidente municipal, también ven con preocupación el impacto económico que esto traerá, además señalaron que esta decisión se debió en parte a intereses políticos.

José Manuel López Campos, presidente de la Canaco Servytur Mérida, destacó que ahora recae en el alcalde electo de la capital, Mauricio Vila Dosal, la posibilidad de pagar la deuda, ya sea con la reasignación del presupuesto o contratación de un crédito.

No obstante, indicó que aún queda un instancia legal más para evitar el pago, pues debe argumentarse que la cancelación del contrato era una necesidad inmediata, ya que las luminarias presentaban fallas y la sociedad solicitó atender ese problema porque era un tema de seguridad.

“Lamento que el ayuntamiento no reveló a los habitantes cuáles eran los riesgos de anular el contrato; por lo que ahora se deberá dar información puntual, para que la ciudadanía determine si se solicita un préstamo, si se recortará el presupuesto y qué rubros son los que resultarán afectados.”

“De entrada los industriales solicitamos que se defina la estrategia que dará solución a este problema; consideramos que los servicios públicos avanzaron, vemos una ciudad iluminada, con turismo, con vida y no valdría la pena retroceder”, aseveró.

Sobre los costos políticos habló Othón Baños Ramírez, doctor en sociología y politólogo de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady): “el presidente municipal heredará un conflicto que su antecesor fue incapaz de resolver”.

Entrevistado por La Jornada Maya, el investigador Baños Ramírez señaló que ahora Vila Dosal deberá sacar a relucir la creatividad política para enfrentar la situación económica durante su administración.

Agregó que de confirmarse el fallo no podrá posponer el pago, lo que ocasionará un problema muy serio ya que los recursos propios del ayuntamiento de Mérida apenas alcanzarán para cubrir los gastos.

El politólogo consideró acertada la decisión política del alcalde para proveer de mejor alumbrado público a la capital yucateca, pero erró en la parte legal, con una “defensa ineficaz”.

Por su parte, Dulce María Sauri Riancho, ex gobernadora de Yucatán, manifestó que existía un problema real con el alumbrado público en la ciudad, pero es “posible que a alguien del tribunal no le pareció que Renán Barrera fuera aspirante a la gubernatura por el PAN”.

Afirmó que si el amparo se resuelve en contra del ayuntamiento, éste deberá programar los pagos en un año 2016 que será difícil económicamente, por el plan de austeridad del gobierno federal.

Nicolás Madáhuar Boehm, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), concordó con la ex presidenta nacional del PRI y afirmó que es sospechoso y desafortunado que la resolución coincidiera con el tercer y último informe de gobierno de Barrera Concha.

“Pareciera que los tribunales y los tiempos legales se acomodan a los tiempos políticos”, declaró.

Ante los recortes presupuestales que se realizarán a nivel federal en 2016, los cuales afectarán a los municipios del país, Madáhuar Boehm manifestó su preocupación por el costo que representará a la ciudad de Mérida el pago de las luminarias.