La Jornada Maya
Mérida
23 de mayo, 2015
La supuesta agresión infringida contra miembros del colectivo Indignación ya se ha denunciado formalmente. Esta ha sido la respuesta de este grupo crítico con la construcción del nuevo mercado en Kimbilá en un espacio donde yace un pozo prehispánico que, por su valor patrimonial, también fue protegido por el INAH al suspender esta institución las obras del equipamiento municipal.
En un comunicado oficial, Indignación declara que ha interpuesto una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado y una denuncia ante la PGR señalando como culpables del incidente, o al menos como incitadores, al alcalde de Izamal (Fermín Sosa Lugo), al comisario de Kimbilá (Rogelio Can), a la Policía Municipal de Izama y a Armando Ruiz Batún. Los acusan de hostigadores, de abuso de autoridad y de haber obstaculizado la labor de documentación. Se amparan en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos.
Según el comunicado emitido, los actos denunciados “muestran uno de los rostros del autoritarismo y ponen en riesgo a la población, vulnerable ante agresiones provenientes de la autoridad o encubiertos por ella”. Recuerdan el ataque a Cristina Muñoz Menéndez, integrante fundadora de Indignación, que casi fue embestida por una camioneta, y también destacan que e Armando Ruiz Batún ya ha sido denunciado por dos agresiones físicas anteriormente. “Los hechos denunciados en aquella ocasión hasta el día de hoy permanecen impunes y la indagatoria no presenta ningún avance”, aseguran.
A través del comunicado los miembros de Indignación demuestran su preocupación por la integridad de los compañeros que han participado activamente defendiendo su derecho a decidir sobre las obras del mercado y piden respeto pleno a los derechos humanos y a la libre manifestación.
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