Reclaman tierras en Halachó

Verónica Camacho Chávez
La Jornada Maya

Mérida
24 de abril, 2015


Una demanda de acción restitutoria fue presentada hoy ante el Tribunal Unitario Agrario por campesinos ejidatarios de Halachó, comunidad maya, para defender sus tierras que, acusan, fueron invadidas por el señor Herbert Zumárraga.

Además del despojo de sus tierras y la afectación de su territorio, los ejidatarios acusan al señor Zumárraga de orquestar lo que definen como hostigamiento judicial contra los habitantes de esta localidad. A raíz de la adquisición de la Quinta San Jerónimo Kuncheila, Zumárraga se arroga la propiedad de una extensión mucho mayor de hectáreas que rodean la Quinta, mediante bardeados y postes que manda poner de noche, a escondidas, cuando nadie vigila.

La acción restitutoria pretende obtener una resolución agraria para enfrentar el despojo de más de 500 hectáreas invadidas y cercadas por el empresario, y demostrar que se trata de tierras ejidales y comunales, parte del territorio que corresponde al pueblo maya.

Más de 40 campesinos han sido criminalizados, ya que el señor Zumárraga ha interpuesto denuncias acusándolos falsamente y sin pruebas de daño en propiedad ajena y robo.

Dichas denuncias han prosperado bajo el consentimiento de las instancias de procuración y administración de justicia correspondientes, a pesar de lo absurdo de las acusaciones, como por ejemplo el robo de postes, y a pesar de carecer absolutamente de ninguna prueba. Hay acusaciones por robo contra habitantes que son mayores de edad, lo cual constituye falsedades, así como acusaciones contra habitantes que fallecieron hace años.

Estas imputaciones han derivado en múltiples perjuicios para el ejido y para los campesinos mayas; no sólo han tenido que enfrentar detenciones y cauciones de costos excesivamente altos para ellos, con tal de obtener su libertad, sino que han tenido que interrumpir su principal fuente de ingresos, que es la siembra de la milpa.

La primera acusación penal contra los campesinos de Halachó fue presentada en abril de 2010 por daño en propiedad, por haber destruido, decía la acusación, una cerca de púas. Sin haber pruebas de los hechos ni deslinde de responsabilidades, se acusó formalmente a los implicados, lo que dejó ver la subordinación de las autoridades.

La otra demanda, también del 2010 se lanzó sobre daño en propiedad ajena y robo de postes, contra 40 campesinos. Los acusados niegan participación en esos hechos y, a pesar de que se les ha acusado sin pruebas, han sido detenidos algunos. Para obtener su libertad de amparo debieron pagar costosas multas, pero permanecen amenazados y ahora enfrentan una nueva acusación.

Los integrantes de Indignación A.C., defensores de la comunidad, explican que tanto el despojo como la criminalización de los ejidatarios exhiben incumplimientos del estado mexicano en el reconocimiento, respeto y la protección eficaz de lo derechos del pueblo maya. Permitir que procedan acusaciones sin fundamento contra personas mayores, así como imponer altas multas, es posible y explicable solamente por la discriminación con que actúan las instancias de procuración e impartición de justicia en el Estado, en contra de integrantes del pueblo maya que están decididos a defender su tierra.

“A quienes integramos el equipo Indignación –dicen sus representantes- nos preocupa que, por acciones u omisiones, complicidades o impericia, el estado mexicano permita despojos cada vez mayores contra el pueblo maya”. Opinan que las acciones en defensa del territorio maya tendrían que ser más firmes y eficaces y conformar una política permanente que evitara a toda costa invasiones, despojos o la especulación de tierras. No solamente en cumplimiento de las leyes constitucionales, sino de acuerdo con la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, por la que los Estados están obligados a establecer mecanismos eficaces para la prevención y el resarcimiento de todo acto que tenga por objeto o consecuencia desposeerlos de sus tierras, territorios o recursos (Artículo 8).

El conflicto en Halachó se originó cuando, en 2010, varios campesinos mayas observaron que parte de sus tierras ejidales estaban siendo invadidas. Se trata de alrededor de 500 hectáreas que se encuentran en la periferia de la propiedad conocida como Quinta San Jerónimo Kuncheilá, que abarca solamente 8 hectáreas. En la extensión alrededor de dicha Quinta, los ejidatarios realizan el trabajo de sus milpas, parcelas de cítricos y agroforestales desde tiempos ancestrales, hasta que empezaron a ser tomadas y cercadas con alambres de púas.

Según testimonio de los campesinos, que conocen bien las delimitaciones de la Quinta San Jerónimo, vieron que, al cambiar de dueño, el actual propietario empezó a abarcar arbitrariamente áreas fuera de la Quinta, adjudicándose superficies que abarcan las 500 hectáreas, que pertenecen a los ejidatarios.

La acción restitutoria se suma a una estrategia del pueblo de Halachó para enfrentar estas agresiones. Los afectados han definido también una estrategia contra la criminalización y el hostigamiento judicial. Es una de las muchas batallas en la Península de Yucatán que exige al Estado mexicano revertir su sometimiento ante poderosos intereses económicos que afectan tierras del pueblo maya.

Este conflicto fue uno de los conflictos planteados ante la relatora sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Rosse-Marie Belle Antoine, que estuvo de visita en Mérida y habló en la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) sobre este tema. Los habitantes de Halachó esperan que, si no es su propia voz, las autoridades hagan caso de las voces extranjeras y hagan cumplir la ley, restituyéndoles su derecho de propiedad sobre sus tierras.