De la Redacción
Foto: Comunicación Social
La Jornada Maya
Miércoles 9 de noviembre, 2016
El Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya) firmó un convenio de colaboración con la Fiscalía General del Estado (FGE) y prepara la certificación de 42 promotores de hablantes de esa lengua en los tres estados de la península con la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY), anunciaron ambas dependencias a través de boletines.
“La Fiscalía cuenta con una unidad de intérpretes para apoyar, precisamente, a los maya hablantes que pudieran estar involucrados como imputados o como víctimas en algún posible hecho delictivo, y es responsabilidad de nosotros brindar el apoyo jurídico que permita hacer valer eficazmente, sus derechos”, expresó el titular de dicha dependencia, Ariel Aldecua Kuk.
El funcionario expresó que la colaboración con el Indemaya es necesaria en temas de seguridad y procuración de justicia, por tanto en el contacto y la relación con los mayahablantes se debe mantener una constante actualización.
Mientras que con la SSY, ambos organismos estatales preparan a 42 promotores para que los exámenes vivenciales que aplica el Indemaya, indicó Manuel Paredes Aguilar, director de Prevención y Protección de la secretaría.
En su intervención, la directora del Indemaya, Rosario Cetina Amaya, afirmó que el Gobierno del Estado apuesta por la comunicación asertiva entre pacientes y personal de la salud, al generar condiciones de accesibilidad, equidad y trato digno a los maya hablantes.
Destacó que estos programas de capacitación a traductores e intérpretes, son imprescindibles para la justicia social y para dar cumplimiento al compromiso de la administración estatal, de fortalecer las instancias de participación y representación del pueblo maya.
Jueza adscrita al penal estatal de Chalco amplió a octubre la etapa del cierre de investigación
La Jornada
Unos 3 mil productores serán beneficiados con sistemas modernos y eficientes
La Jornada Maya
Robert De Niro recibirá una Palma de Oro honorífica en el evento
Ap / Afp
Amenazó con suspender bienes y salarios a los más de 10 millones de indocumentados
La Jornada