La Jornada Maya
Imágenes facsimilares de documentos

Mérida Yucatán
Miércoles 20 de julio, 2016

Detrás de esta historia figuran dos personajes, quienes resultaron beneficiados económicamente con la quiebra de Crecicuentas y la posterior detención de los hermanos Argáez López y su madre. Se trata de David Loría Camino y Wilberth Luna Martín, ex trabajadores de esa sociedad de ahorro que fundaron su propia empresa en este giro financiero, denominada Credimayab.

Una videograbación en poder de este medio permite comprender la forma en la que se fraguó todo este asunto desde 2012, cuando se puso en marcha una estrategia de “pánico financiero” para que los ahorradores exigieran el retiro de su dinero de golpe y luego tomaran las sucursales, haciendo inviable la operación de la sociedad.

“El gobierno le mintió deliberadamente a su ciudadanos, ya que desde 2013 informamos a las autoridades que un grupo de agiotistas, en contubernio con empleados desleales de Crecicuentas, imposibilitaron la operación de la empresa. En una reunión ese año, planearon acusarnos de fraude y presionar moralmente, involucrando al entonces secretario general de gobierno, Víctor Caballero Durán”, asegura Miguel Argáez en un escrito.

En las imágenes de este segundo video, puede apreciarse que se instiga a los ahorradores a retirar de golpe todo el dinero, cuestión que se encuentra restringida por el artículo 65 bis de la Ley General de Sociedades Cooperativas. Esa reunión estuvo presidida por Loría Camino, y en ella participaron Blanca Isela Ruz y Dulce María Berzunza, además de los hermanos José Luis y Eustacio Rodríguez Fuentes, estos últimos conocidos como prestamistas.

“Los agiotistas que están presionando al gobierno, lo han hecho de tres maneras: primero, cuadruplicaron el número de afectados y los montos reclamados; segundo, expusieron vínculos de Víctor Caballero con Crecicuentas y, tercero, amenazaron al gobierno con trabajar a favor de otro partido político”, añade el texto autógrafo.

En efecto, lo señalado se sustenta en el audio de la videograbación, en la que incluso se acuerda cómo procederán a realizar las denuncias de fraude, la manera en la que se involucrará a la clase política y la estrategia mediática que seguirán.

Gracias a esta pieza de la historia, se comprende el reportaje presentado en el programa de Denise Maerker, donde se vincula al entonces secretario general de gobierno, Víctor Caballero Durán, con la sociedad financiera Crecicuentas. Asimismo, se entiende la participación del senador Ávila Ruiz con las Abuelas de la Plaza Grande, durante el pasado proceso electoral.

Loría Camino ahora es presidente del Consejo de Credimayab, y fue gerente de la sucursal Carranza de Crecicuentas; mientras que Luna Martín funge como secretario de administración y director administrativo de Credimayab, y previamente había trabajado como contador general de Crecicuentas. Ambos, que también aparecen en la grabación, habrían utilizado información confidencial para desestabilizar a la sociedad de ahorro y fundar la propia.

A esos personajes se agregaría Nayeli Palacios Chávez, titular de la Unidad Especializada de Credimayab y ex gerente de Mercadotecnia de Crecicuentas; así como Juan Cámara Martín, miembro del consejo de administración de Credimayab y ex gerente de sucursal de Crecicuentas.

Además, habrían participado de la quiebra de esa sociedad de ahorro Aarón Rivero Cardeña y Jorge Rivero Huchim, quienes en junio de 2011 crearon la empresa Capital Yucateco S.C. de A.P. de R.L. de C.V., ello a partir de dinero y clientes que “captaron” cuando eran empleados de Crecicuentas, por lo que aprovecharon la situación para beneficiarse.

Tanto los directivos de Credimayab como los de Capital Yucateco hicieron labor para convencer a los ahorradores de Crecicuentas que efectivamente había un fraude y de que los principales responsables eran los hermanos Argáez López, esto de acuerdo a una entrevista realizada por el periodista y colaborador de La Jornada Maya, Eduardo Lliteras Sentíes.

Al estallar el conflicto en 2012, Crecicuentas contaba con alrededor de 50 millones de pesos en cartera vigente, 30 millones de cartera vencida, 20 millones en propiedades y 127 millones en captación de ahorro e inversión, de acuerdo a estados financieros en poder de este medio.

“Los ahorradores entraron en pánico pidiendo el retiro de sus ahorros por diversas causas, ninguno alegó el miedo. En 2012 todavía podía salvarse la empresa, había al menos 40 millones de pesos en cartera y otros 20 millones en propiedades e hipotecas a favor de la empresa”, comentó en su momento Jorge Alberto Argaez.

[b]Habla Víctor Caballero Durán[/b]

Días antes de que se organizara el operativo en el que fueron detenidos los hermanos Argáez López y su madre, el actual titular de la Secretaría de Educación estatal y ex secretario general de Gobierno, Víctor Caballero Durán, concedió una amplia entrevista al reportero de La Jornada Maya, Paul Antoine Matos.

“-¿Qué opina del caso Crecicuentas?

“-Es un problema que tristemente afecta a varias familias. No es exactamente de la dimensión que algunos han pretendido hacer.

“Yo lo he dicho con toda claridad, sí fui asesor de esa empresa, pero eso fue ya hace muchos años. Fui cliente, como ellos fueron clientes. Es decir, qué tenía que hacer el cliente; obtener un crédito pero también pagarlo. Fui socio de uno de ellos, sí, pero esa sociedad acabó desde el 2007. Nunca he recibido ningún recurso distinto ni nada por el estilo.

“Creo yo simplemente que es un escándalo en el que se me ha involucrado porque se asume que, como secretario de Gobierno, tuve algo que ver para que no se resolviera; pero no dicen que siendo secretario de Gobierno se aceptaron todas las denuncias, se les dieron facilidades, se consignaron expedientes, se giraron órdenes de aprehensión, se dictó auto de formal prisión, pero también hay resoluciones de los jueces federales que dicen que el tema no es de carácter penal, es de carácter mercantil.

El tema es jurídico, pero no penal. Es un tema mercantil. Sin embargo, hay quienes han preferido el escándalo por encima de buscar una solución legal.

-¿Quién busca el escándalo? ¿Quién mueve a estas familias afectadas para que se produzca el escándalo?

“-Yo a quien he visto que ha hecho señalamientos públicos es a un senador del PAN. No puedo decir que él esté detrás, pero él ya ha hecho denuncias, acompañado por una persona de este grupo, que debo de decir que también es panista; trabajó en el ayuntamiento de Mérida. Es decir, tiene un componente político.

“Pero, lo más importante aquí, es que yo no tengo absolutamente nada qué ver y los hechos lo demuestran, porque si no ahorita habría otro tipo de circunstancia.

“Desafortunadamente es un tema que tiene que buscarse una forma de resolver porque sí hay familias afectadas y tiene que buscarse a los que realmente afectaron, que son los dueños de la empresa, que yo digo que están en una zona de confort, porque nadie dice quiénes son ni dónde están; prefieren hacer otro tipo de cosas, de manifestaciones. ¿Dónde están realmente las personas que los afectaron?...

-¿Qué piensa cuando ve a las abuelas de la Plaza Grande protestando frente al Palacio de Gobierno?

“-Que es muy lamentable que las utilicen. Es muy lamentable que las engañen. Pero volvemos a lo mismo de la crítica y la tolerancia; hay que verlo como una expresión, la cual tienen derecho de hacer.

“Yo no quisiera que eso sucediera, pero tienen derecho a hacerlo.

-¿Cómo evitar que nuevos casos de supuesto fraude, de este tipo, se presenten en Yucatán?

“-En Yucatán yo creo que no hay ningún fraude. Lo que no se ha sabido es recuperar el dinero, que es lo que yo en varias ocasiones le he planteado a abogados. Esta gente invirtió el dinero, y ese dinero se invirtió en otra cosa. Entonces lo que hay que ver es dónde está invertido para recuperar el capital y que después se pueda cobrar.

“¿Me explico? Nadie agarró el dinero y se lo llevó, sino que el dinero está invertido en otro lado.

-¿Como si lo hubieran metido al banco?

“-Al banco, y el banco lo colocó en otro lugar, entonces lo que tienen que hacer es recuperarlo para que ellos puedan cobrar. Tienen que hacer la parte jurídica para que eso suceda. Mientras eso no se haga no hay forma”.

Hasta aquí, la entrevista de Paul Antoine Matos realizada el pasado 8 de enero de 2016, cinco días antes de la detención de los Argáez López y su madre.


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