Paul Antoine Matos
Foto: Imagen tomada de video
La Jornada Maya
Mérida, Yucatán,
Domingo 10 de junio, 2016
La Fiscalía General del estado abrió una carpeta de investigación con número 858/2916, para esclarecer el presunto caso de tortura policíaca, cometida por elementos municipales de Tekax contra dos ciudadanos, identificados como Francisco Javier A. G. y Francis Andrey A. B., indicó la dependencia, a través de un comunicado.
La Fiscalía omitió mencionar a un presunto elemento de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quien aparece en el video de la tortura, con uniforme de la corporación, identificado por las siglas.
Afirmó que se iniciaron las averiguaciones correspondientes para deslindar responsabilidades y actuar en consecuencia a lo que arroje la investigación del caso. La FGE y el gobierno del estado reafirmaron su compromiso con los ciudadanos para atender, investigar y sancionar conductas como la tortura.
Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) manifestó, a través de un comunicado, su rechazo a la presunta “tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes por agentes policíacos en busca de declaraciones incriminatorias”.
José Enrique Goff Ailloud, ómbdusman de la entidad, señaló que apenas se conocieron los hechos, se abrió un expediente de queja de oficio, por tanto se dictaron medidas cautelares dirigidas a la policía municipal y la SSP; asimismo, se interpuso una denuncia penal ante el Ministerio Público en contra de los agentes y servidores públicos que resulten responsables.
Goff Ailloud declaró: “no podemos permitir que estas malas prácticas arcaicas y deshumanizadas, violatorias de derechos humanos sean utilizadas como métodos de investigación.
Los cuerpos policiales deben entender que la defensa y protección de los derechos humanos, lejos de ser un impedimento para combatir la delincuencia, son la única vía para alcanzar la plena justicia”.
Expresó que la sanción hacia los responsables deberá sentar un precedente, para garantizar que no se repitan prácticas que atentan contra la integridad y dignidad de las personas, además de que carecen de valor probatorio y vulneran el estado de derecho, así como demeritan a los buenos elementos policíacos. La Codhey intenta localizar al agraviado, mencionó.
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