Texto y foto: Óscar Rodríguez
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Viernes 8 de julio, 2016

Los ánimos en la sesión ordinaria del Congreso se encendieron, luego que la mayoría priísta echó abajo un exhorto al Ejecutivo estatal y a los diputados locales para que informaran al Poder Legislativo los nombres de los propietarios de las concesiones del transporte público, presentado por el panista Elías Lixa Abimerhi.

Tras el rotundo NO de la mayoría priísta, la presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Celia María Rivas Rodríguez, elevó el tono hostil de sus comentarios al calificar de “artimañas” las solicitudes de transparencia de los panistas.

En la sesión, donde rindieron protesta los seis integrantes del Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección a Datos Personales (Inaip), priístas y panistas escenificaron una nueva andanada de descalificaciones.

Ante los 25 diputados de la actual Legislatura, comisionados del Inaip y público presente en la sesión, Martha del Socorro Arauz Pérez, Ignacio Cuauhtémoc Cejudo Valencia y Aldrín Martín Briceño Conrado rindieron protesta del cargo honorario en el que permanecerán por dos años.

Juan Gabriel Ucán López, Ana Teresa Flores Torres y Marcela Montero Mendoza, quienes estarán en el puesto por un año, también hicieron lo propio.
En asuntos generales, el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marco Vela Reyes, hizo un reconocimiento a los integrantes del Consejo Consultivo del Inaip porque sabe que desempeñarán su trabajo con profesionalismo, eficacia y eficiencia a favor de la transparencia y rendición de cuentas.

La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Beatriz Zavala Peniche, indicó que la labor de los integrantes del Consejo Consultivo del Inaip contribuye a que exista más transparencia en las instituciones públicas y en las responsabilidades que tienen los servidores públicos que los obligan a brindar información sobre el ejercicio de sus funciones.

[b]Regresan las hostilidades[/b]

Durante la sesión plenaria, Elías Lixa Abimerhi presentó un punto de acuerdo para que se publique cuántos y quiénes son los concesionarios de transporte público en el estado, especialmente en el servicio de taxis.

Durante su intervención, el legislador recordó la reciente reforma a la Ley de Transporte, en la cual se pretendió regular el servicio a través de plataformas tecnológicas.

“Insistimos en que el transporte aún no es regulado de manera integral y amplia, tan es así que el pasado 28 de junio la fracción parlamentaria del PAN presentó una nueva modificación a dicha norma para corregir notorias inconsistencias e inconstitucionalidades”, resaltó.

El punto de acuerdo presentado Lixa Abimerhi exhortaba al Poder Ejecutivo a publicar las concesiones de transporte con todo lo que la Ley obliga en su portal de internet, en aras de cumplir con las leyes de transparencia.

Entre los datos solicitados se encuentran el objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como el aprovechamiento concreto de bienes, servicios y/o recursos públicos.

Asimismo, pidió que dicho Poder, envíe al Congreso local, una copia de la relación de las concesiones antes mencionadas y, por último, que los diputados yucatecos manifiesten por escrito si tanto ellos como sus familiares son propietarios de concesiones de transporte para aclarar posibles conflictos de interés.

[b]Revire priísta[/b]

La diputada Celia Rivas Rodríguez calificó de “artimañas legislativas para confundir a la ciudadanía y obtener atención mediática” el exhorto de los albiazules. Al abordar la tribuna invitó a los integrantes de la bancada del PAN a no utilizarla para fines partidistas y permitir se siga el trámite correspondiente a una solicitud de información pública.

La también coordinadora de la fracción parlamentaria del PRI explicó que en días pasados fue presentada ante el Inaip, la solicitud en la que se piden los nombres de aquellas personas que tienen una concesión o prestan servicio de taxi registrados ante la Dirección de Transporte del Estado de Yucatán (DTEY).

“Como es costumbre de los legisladores del PAN, mediante retos y exhortos, que incluso se lanzan entre ellos, hacen uso de la tribuna para hacer solicitudes o presentar puntos de acuerdo que resultan innecesarios cuando el Congreso del estado ha modificado la norma en materia de transparencia para que todos los ciudadanos tengan fácil acceso a la información pública”, expresó.

Detalló que en cuanto el Instituto Estatal de Transparencia, de acuerdo a la norma, dé respuesta puntual a la solicitud de la citada lista, ésta será distribuida a todos los diputados integrantes de la LXI Legislatura.

En conclusión, afirmó, la información es pública y cualquier ciudadano puede acceder a ella, a través de una computadora con Internet.

Recordó que luego de las recientes reformas en el tema de acceso a la información, la ciudadanía puede fiscalizar de manera más efectiva la actuación de los sujetos obligados y los servidores públicos.

“Tenemos que ser responsables y no intentar desviar la atención o los asuntos del trabajo legislativo, no ver quien saca mayor provecho político de los temas y asuntos que en el Congreso del estado con total disposición se abordan”, finalizó.

[b]Trabajo para jóvenes[/b]

En otro asunto, el legislador Rafael Montalvo Mata (PAN) recalcó que el principal problema que enfrentan los jóvenes en México al concluir sus estudios es la inserción a la vida laboral. “Sin duda alguna, el no contar con la experiencia requerida, es uno de los tantos obstáculos para no contratar a los jóvenes recién egresados que pretenden ocupar algún puesto de trabajo en cualquier empresa”, indicó.

Este tipo de situaciones provoca que los jóvenes carezcan de oportunidades laborales formales, lo que por supuesto repercute de manera negativa tanto en su formación profesional, como en su calidad de vida, pues el salario que perciben es mucho más bajo y no cuentan con las prestaciones de ley.

La iniciativa de reforma presentada por Montalvo Mata tiene la intención de convertir en norma obligatoria, y que deje ser una política pública a consideración del Ejecutivo estatal, el encontrar los mecanismos necesarios para abrirle la oportunidad laboral a los jóvenes recién egresados de las universidades, así como a los que egresan de las escuelas técnicas y están en busca de ingresar al mercado laboral formal.


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