Inhibirá proveeduría al gobierno

Óscar Rodríguez
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Jueves 23 de junio, 2016

Dirigentes de organismos empresariales consideraron que la obligatoriedad de dar a conocer los bienes patrimoniales de aquellos proveedores que logren ganar un contrato mediante una licitación pública, contemplada en la llamada Ley Tres de Tres, sólo vendrá a aumentar los trámites burocráticos.

El Senado de la República aprobó la inclusión de una disposición en el Sistema Nacional Anticorrupción, que obliga tanto las personas físicas como a las empresas que tengan contrataciones de cualquier tipo con las entidades públicas, a presentar sus declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses.

Al respecto, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Luis Castillo Campos, opinó que es necesario hacer un análisis integral de cuáles son las desventajas y ventajas de aplicar tales medidas.

“No creo que aplicando leyes de forma estricta se puedan componer muchas cosas, hay que legislar y buscar una verdadera ley que ayude a componer lo que haya que componer”.

Consideró que en el marco legal aprobado por el Senado, es necesario tener más tiempo de análisis sobre ese marco legal antes que el Presidente de la República lo publique en el Diario Oficial de la Federación.

“Creo que será un papeleo enorme, es una situación que a nadie favorecerá, no creo que sea necesario engrosar los requisitos para hacer obra, en un momento en que el país requiere de empleos, que haya mucha inversión y reciprocidad con respecto a lo que el gobierno invierte y a lo que los empresarios hacemos”, comentó.

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (Canaco-Servytur), Juan José Abraham Daguer coincidió con el líder de la CMIC, en el sentido de que los trámites para el sector empresarial serán más complicados si se mantiene la ley como lo aprobaron los senadores.

“Va a desincentivar la proveeduría al gobierno, causando que compre en peores condiciones, más caro, al tener una menor oferta disponible”, estableció.

Opinó que el gobierno federal ya envió algunas buenas señales al no publicar la ley, por lo que confió que puedan existir cambios en la misma que abonen a combatir la corrupción, pero que no enreden los trámites administrativos.

Mario Can Marín titular de la Camara Nacional de la Industria de la Transformación afirmó que: “A nosotros ya nos audita (y a cada rato) el SAT y tenemos que informar todos nuestros ingresos y gastos ante esa dependencia. Por eso creo que el tema de los empresarios está de más”.

Apuntó que es importante lo que se logró con la Ley, porque es algo que se ha exigido por muchos años por la sociedad, que haya transparencia en la asignación de los recursos públicos y su buen uso.

“Quizás no quedó al 100 por ciento de lo que solicitó la sociedad civil, pero creo que es importante que los políticos hayan tomado en cuenta la participación de la gente para hacer esta ley”, señaló.