La Jornada Maya
Fotos: CS Yucatán
Mérida, Yucatán
Viernes e de junio, 2016
De manera conjunta, personal de las instancias estatales y federales del ámbito sanitario reforzará la verificación de productos en comercios, consultorios y clínicas, buscando proteger la salud y seguridad de la población yucateca, luego de la firma de un acuerdo de colaboración.
En el marco de la cuarta semana de la Estrategia Nacional de Verificación Sanitaria, se concretó dicho convenio que permitirá el acompañamiento preventivo de revisiones sanitarias, capacitaciones e intercambio de información entre las dependencias gubernamentales.
El documento fue signado por el secretario de Salud de Yucatán, Jorge Mendoza Mézquita, en representación del Gobernador Rolando Zapata Bello y el titular del Órgano Interno de Control de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), Julio Sánchez y Tépoz.
El comisionado recalcó que para las actividades de verificación en la entidad en este 2016 se han destinado 7.3 millones de pesos, lo que representa 143.3 por ciento de incremento con respecto a lo recibido en 2010.
Los acompañamientos que prevé este acuerdo, que es el décimo tercero de este tipo a nivel nacional, buscan informar al ciudadano durante el proceso revisión y permiten al verificador participar en la apertura, desarrollo y cierre, así como entrevistar a la persona durante el procedimiento en total apego a la normatividad, explicó Sánchez y Tépoz.
Por su parte, Mendoza Mézquita destacó que con esta colaboración se evitará la duplicidad de acciones y recursos, al igual que se proyectará la coordinación de tareas, así como el acompañamiento interinstitucional y profesional para proteger a la población de posibles riesgos sanitarios.
“El trabajo de todos ustedes nos blinda contra potenciales riesgos de salud, como individuos y como sociedad”, acotó el servidor público en presencia del secretario de la Contraloría General del Estado, José Miguel Fernández Vargas.
Ante un grupo de verificadores enfatizó que este evento capitalizará avances en la cultura de la rendición de cuentas e impulsará el cumplimiento de reglamentos y la responsabilidad financiera y gubernamental, que fortalecen el Estado de Derecho y abonan a la competitividad económica.
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