Desde hace seis años, la activista transgénero Grecia Sosa denuncia sufrir vulneraciones a sus derechos humanos y discriminación por parte de la Fiscalía General del Estado y el sector salud, no le brindan una impartición de justicia por el abuso sexual que sufrió, tampoco atención medica ni psicológica. Hasta el momento no ha tenido justicia por sus agresiones.
En una rueda de prensa, realizada en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey), manifestó que, durante este tiempo, habiendo pruebas para judicializar la carpeta de investigación, no se han realizado las investigaciones pertinentes, aunque ha ganado amparos federales.
Se trata, precisó, de una dilación procuración de justicia, es decir, las autoridades encargadas de procurar justicia no actúan con rapidez y oportunidad.
Además, en el 2020 volvió a emitir denuncias contra funcionarios y funcionarias de estas dependencias por la discriminación que ha padecido por su condición sexual. “Me han causado un daño emocional, psicológico, económico”, subrayó.
Por ser mujer trans, precisó, no le quieren otorgar los derechos jurídicos que por ley la corresponden. “Quieren cansarme, agotarme para no continuar con las investigaciones, demandas y denuncias por abuso sexual y lesiones graves que sufrió por parte de Héctor T.”, explicó.
“No visibilizan a la comunidad trans en el estado de Yucatán", agregó la activista.
Además, indicó que ha recibido un trato hostil y grosero por parte de las autoridades de la fiscalía y del sector salud.
En septiembre del año pasado, la Codhey atrajo el caso a través de la queja que interpuso Grecia, desde esa fecha ha realizado una serie de investigaciones para emitir alguna recomendación, informó Francisco Mendoza Aguilar, visitador general del organismo autónomo.
Entonces, detalló, están recabando los datos, evidencias, realizando diligencias y actos de investigación para que, de acreditarse todos los hechos denunciados en la queja, se emita una resolución. “Estamos en una etapa muy avanzada de la investigación en contra de la Fiscalía y el sector salud, a partir del análisis y estudio de las pruebas se emitirá una resolución”, apuntó.
Como parte de estas diligencias, agregó, se han pedido informes detallados a las autoridades, también se han tomado declaraciones de los médicos, y demás personas involucradas en los hechos.
Según la ley, indicó que tienen hasta nueve meses para emitir una resolución, aunque dijo que podría ser antes si ya cuentan con todos los elementos necesarios.
Si bien, señaló, la activista lleva seis años luchando por justicia, a penas en noviembre del 2020 interpuso su queja ante la Codhey.
Grecia comentó que toda esta situación le ha ocasionado problemas de salud y emocionales, ha sido diagnosticada con estrés postraumático, depresión, necesita cirugías, todo esto derivada de la agresión sexual de la cuál fue víctima. Su agresor continua libre, nunca ha sido arrestado, subrayó.
A pesar de las trabas, no se cansa, y continuará en su lucha por conseguir justicia.
Edición: Laura Espejo
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