Foto y texto: Óscar Rodríguez
La Jornada Maya

Mérida
5 de abril, 2016

En una sesión a la que acudieron 24 de los 25 diputados de la LXI Legislatura –estuvo ausente la panista Beatriz Zavala Peniche, por una dolencia en la espalda–, cinco integrantes del gabinete estatal explicaron por qué el endeudamiento del estado hasta por mil 500 millones de pesos sería cubierto en un plazo de 13 años.

Acudieron al Congreso el secretario general de Gobierno, Roberto Rodríguez Asaf; el de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén Ojeda; Alfredo Dájer Abimerhi, titular de la Secretaría de Administración y Finanzas; el consejero jurídico Jorge Esquivel Millet, y Ariel Aldecua Kuk, fiscal general.

Los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) cuestionaron el motivo para solicitar una “ampliación” presupuestal si hace menos de 5 meses se discutía el presupuesto de 2016 y la viabilidad de los cambios a la Constitución local, ante la posibilidad de caer en acciones de inconstitucionalidad a nivel federal.

Durante tres horas, funcionarios estatales, encabezados por el titular de la Secretaría de Gobierno, Roberto Rodríguez Asaf, respondieron las dudas de los diputados. El responsable de la política interna aclaró que dar información pormenorizada de manera pública pondría en riesgo la estrategia “Escudo Yucatán”.

El encuentro se vio marcado por un constante ir y venir del titular de la Secretaría de Gobierno a contestar su teléfono celular, además fue evidente la falta de acuerdos previos en la sesión de trabajo, pues el diputado Henry Sosa Marrufo propuso una ronda de preguntas y respuestas hasta por cinco minutos, que fueron consumidos en su totalidad por los priístas.

Tal situación generó el descontento de los diputados [i]blanquiazules[/i], por lo que su coordinador, Raúl Paz Alonzo, demandó mayor flexibilidad por parte de los funcionarios para responder las preguntas de los legisladores de oposición.

Por algunos instantes, Paz Alonzo fue incisivo en sus cuestionamientos en torno a la solicitud de deuda, lo que incluso ocasionó que Rodríguez Asaf se levantara de su asiento para desplazarse al lugar del líder de la bancada panista para decirle algunas palabras al oído que provocaron la risa a carcajadas de Paz.

Los legisladores de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), David Barrera Zavala y Jazmín Villanueva Moo, respectivamente, manifestaron su preocupación por el respeto a los derechos humanos, al crear una policía investigadora que dejaría la totalidad de los cuerpos policiacos estatales bajo el mando de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Poco a poco, algunos legisladores como el panista Elías Lixa Abimerhi, abandonaron la sesión de trabajo, que concluyó alrededor de las 15:35 horas.

Al finalizar, el titular de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), Alfredo Dájer Abimerhi, reveló que será mediante un fideicomiso y que la licitación de los equipos de seguridad quedaría en manos de la SSP.

[h2]Las razones de Rolando[/h2]

Para convencer las razones y motivos de la estrategia “Escudo Yucatán” anunciada por el gobernador Rolando Zapata Bello, los funcionarios emplearon elementos didácticos como videos de acciones policiacas grabados por las cámaras de vigilancia, gráficas que daban a conocer los pormenores de los cambios a la carta magna y cómo sería pagado el millonario compromiso financiero, incluso Saidén Ojeda trató de sensibilizar a los representantes populares acerca de la importancia de contar con mil 800 cámaras en el estado mostrando el video en el que un motociclista fue arrollado en el periférico de Mérida el fin de semana.

Reveló que actualmente existen 4 mil policías estatales y 5 mil municipales, por ello la urgencia de capacitarlos para hacer frente a las nuevas exigencias en materia de seguridad, derivadas del aumento poblacional en el estado.

Por su parte, Dájer Abimerhi destacó que se buscará fondear el programa integral de seguridad “Escudo Yucatán” comprometiendo el 25 por ciento de las participaciones federales de dos programas en específico, por hasta mil 500 millones de pesos, a pagarse en un lapso de 13 años.

El titular de Administración y Finanzas aclaró que los fondos provendrían de los programas de Aportaciones para el Fortalecimiento de la Entidades Federativas y el de Aportaciones para la Infraestructura Social del estado.

“Las reglas de esos programas nos permiten utilizar ese dinero en Escudo Yucatán, ya que tienen que ver con la seguridad del estado y la prevención de delitos”, declaró.

En su exposición ante los legisladores recalcó que el costo del financiamiento de estos anticipos no los tiene que poner el estado, sino que están contemplados dentro del mismo monto, por lo que el gasto corriente no sufrirá ningún cambio.

“Otra ventaja que se tiene al trabajar con estos dos programas, es que cuando se trabaja con participaciones y no con aportaciones federales (las garantías que se piden para un empréstito de este tipo son de uno a tres), es que los bancos piden 1.1 por uno, o sea el interés es mucho más bajo que lo que el estado tendría que garantizar”, afirmó.

[h2]Endurecen sanciones[/h2]

El consejero jurídico Jorge Esquivel Millet explicó a grandes rasgos el objetivo de las 11 iniciativas de reforma a diversas leyes para elevar las sanciones relativas a delitos como robo a casa habitación, a comercio, falsedad de declaraciones y abuso sexual.

En cuanto a robo a casa habitación y comercio, se plantea elevar la pena, que actualmente es de tres meses a 4 años, de 1 hasta 5 años, mientras que para quien abuse sexualmente de un menor de edad, la condena será de 5 hasta 10 años de prisión y hasta 400 días de multa.

Además, el acto de obligar a tener sexo oral será equiparado a la violación. En el caso de falsedad de declaraciones, de 2 a 8 años de prisión y una multa económica de 100 a 300 días.


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