Texto y foto: Paul Antoine Matos
La Jornada Maya

7 de marzo, 2016

Es el preludio de lo que podría ser la guerra de los taxis. Humberto Hevia Jiménez, director de Transporte del gobierno de Yucatán, ya advirtió: Uber y Ryde & Go atentan contra la seguridad de Yucatán. Eso lo dijo a pesar de las exigencias de que se permita a los conductores de ambas publicaciones ofrecer el servicio.

En cuanto al ayuntamiento de Mérida, el presidente municipal Mauricio Vila Dosal, abordado por este reportero, señaló que “éste es un tema que no me compete”, y del cual no opina.

El temor de los transportistas se tradujo en acciones concretas y sus efectos han sido instantáneos. El jueves pasado, el Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV), presidido por Héctor [i]Billy[/i] Fernández Zapata, lanzó Mi Taxi Yucatán, una aplicación propia. Al mismo tiempo, Ryde & Go registró un incremento en sus descargas del 500 por ciento, según anunció en sus redes sociales.

En el hotel Fiesta Inn, según reportes, los dos jóvenes barbudos de apariencia [i]hípster[/i] que atienden las solicitudes de Uber recibieron al menos a mil 500 yucatecos interesados en ofrecer el servicio a través de esta plataforma. Incluso, algunos de ellos con cuatro o cinco autos, expresó a este periódico uno de los que pujan por participar.

Según [i]Billy[/i] Fernández, el FUTV tiene alrededor de 900 taxistas a su servicio; es decir, en una semana, Uber ha convocado a más gente que la cantidad de conductores que tiene la organización transportista más poderosa de Yucatán. Aunque de ese millar y medio seguramente se recortarán varios, tras los exigentes exámenes psicométricos y toxicológicos que exige la aplicación de la U.

Un taxista de la aplicación del FUTV reveló a La Jornada Maya que su tableta resultó defectuosa, ya que se trababa. En consecuencia tuvo que devolverla. El conductor, de 70 años, consideró que sí existe un espacio para todos, ya que ellos tratan a sus usuarios de una forma y los demás servicios en otra, por lo que se trata de un gasto inútil en el cual los dirigentes se equivocaron. “Lo que hay que hacer es mejorar el servicio y regularizar las tarifas”, declaró.

En la Ley de Transporte del Estado de Yucatán, tal como aparece en la página de Internet del gobierno, data del año 1999, cuando Víctor Cervera Pacheco era gobernador; 10 años antes de la existencia de Uber o de los smartphones. En ésta se señala, en el artículo 48, que “El servicio público de transporte de pasajeros que se preste (…) automóviles o vagonetas (…), deberá contar con concesión que otorgue el Ejecutivo del Estado, se denominará servicio de taxi…”.

En su artículo 45 se establece que los inspectores de Transporte o agentes de la Secretaría de Protección y Vialidad “podrán impedir la circulación de los vehículos destinados al servicio de transporte cuando se violen de manera flagrante las disposiciones de la Ley y su Reglamento”, con diversas condiciones como: vehículos que presten servicio sin placas correspondientes a la concesión o permiso autorizados; vehículos que presten servicios distintos a rutas diferentes a las asignadas; o vehículos que emitan exceso de gases a la atmósfera. Si ocurre la última violación, los vehículos deben ser examinados y, si incumplen, retirados hasta que acrediten las condiciones establecidas por la legislación ambiental.

En el artículo 146, de sanciones, se indica que se sancionarán con multa de 50 a 500 días de salario las infracciones que proporcionen un servicio de transporte sin permiso especial o la concesión respectiva.

La Ley, sin embargo, también establece las razones para emitir convocatorias y otorgar más concesiones, a solicitud del gobernador. En el artículo 100 indica dichas razones: las necesidades de transportación; características de los vehículos; repercusiones económicas y sociales que ocasionaría el otorgamiento de nuevas concesiones; y “las peticiones presentadas por los interesados en obtener concesiones”, entre otras.

Los criterios para las concesiones son: antigüedad de los concesionarios existentes en el área; “la calidad de servicio que prestan los concesionarios existente; y la capacidad técnica y económica de los interesados”.


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