Congreso debe cambiar leyes: Codhey

Texto y foto: Óscar Rodríguez
La Jornada Maya

1º de marzo, 2016

En el informe entregado por el titular de la Comisión de Derechos de Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), José Enrique Goff Ailloud, que consta de 436 hojas y un anexo de 623, se establece que a la fecha, de las 31 recomendaciones que emitió durante 2015 sólo una fue cumplida cabalmente por la autoridad; nueve no fueron cumplidas, siete no presentaron pruebas de haber sido observadas, ocho se efectuaron de manera parcial y el resto se encuentra en trámite.

La Jornada Maya tuvo acceso al documento presentado por el ómbudsman estatal, se analiza a lo largo de ocho capítulos el estado que guarda el sector salud del estado, la situación de las cárceles municipales y la del sistema penitenciario de la entidad; además de la seguridad jurídica e integridad física y emocional de las personas detenidas, de las niñas niños y adolescentes, de la mujer, de los discapacitados, de las personas de la tercera edad y de la etnia maya.

[h2]Operación de la Codhey[/h2]

El documento también revela que tan solo en la renta de inmuebles, la Codhey erogó más de un millón de pesos en 2015, gastó 635 mil pesos en difusión e información y pagó 415 mil pesos por concepto de telefonía; además de no explicarse el destino de 228 mil 185.77 pesos que en el informe sólo se etiquetan como “otros gastos y pérdidas extraordinarias”.

Además, el informe detalla las acciones de capacitación que el organismo protector de los Derechos Humanos realizó el año pasado con organizaciones civiles, instituciones públicas y privadas.

Cabe señalar que, en entrevista, el titular de la Codhey reveló que las 10 denuncias presentadas en la Fiscalía General del Estado (FGE) se concentran en servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública (4), Policía Ministerial (3) además de elementos de las policías municipales de Mérida (1), Kanasín (1) y Tekit (1).

El informe, en general, constituye un llamado de atención a los gobiernos municipales y a los tres poderes del estado. Al Congreso, por ejemplo se le pide promover una reforma a la ley estatal en materia de tortura para que ésta se persiga de oficio y se garantice la reparación del daño a las víctimas. Igualmente, que los legisladores fueron omisos en la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas en Yucatán, dado que no se contemplaron delitos como la esclavitud, prostitución, explotación sexual y laboral, trabajo o servicios forzados, mendicidad forzosa, utilización menores en actividades delictivas, adopción ilegal, matrimonio forzoso, entre otros.

Al Ejecutivo se le advierte sobre su responsabilidad por la presencia en Mérida de niñas, niños y adolescentes de entre 12 y 14 años que trabajan en condiciones ilegales como la limpieza de parabrisas vehiculares y venta de chicles en el Centro Histórico, el periférico y la Prolongación Montejo, sin que existan acciones específicas por parte de las autoridades para atacar este problema, o que, siendo Yucatán una de las entidades con mayor índice poblacional de personas con discapacidad, se creen programas públicos que propicien su plena inclusión.

Los capítulos dos y tres del informe contienen fuertes señalamientos sobre el respeto a los Derechos Humanos a la salud y a la seguridad jurídica e integridad física y emocional de las personas recluidas. En ambos, la Codhey reporta los resultados de sus visitas a cada uno de los centros estatales y municipales destinados a la atención de la salud, así como a los centros de reinserción social del estado y los centros de detención en los municipios.

En nuestra edición de mañana daremos cuenta del estado de los centros de reclusión, de acuerdo con el informe presentado por Goff Ailloud.