Paul Antoine Matos
Foto: Comunicación Codhey
La Jornada Maya

26 de febrero, 2016

El titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), José Enrique Goff Ailloud, reveló que presentó 10 denuncias penales contra servidores públicos ante la Fiscalía General del Estado (FGE) como resultado de sus investigaciones realizadas durante 2015, al rendir su primer informe ante el Congreso.

Frente a los diputados locales, Goff Ailloud indicó que de las 4 mil 318 solicitudes de intervención, mil 89 fueron calificadas como hechos violatorios de Derechos Humanos, de los cuales sólo 26 terminaron en recomendaciones a 22 autoridades distintas.

Desde la tribuna, el presidente de la Codhey demandó a los representantes populares la creación de una nueva ley que prevenga y sancione cualquier acto de tortura y demás tratos crueles, inhumanos o degradantes, toda vez que el actual marco legal es “obsoleto e inoperante”.

“Asimismo, observamos la necesidad de contar con una ley que garantice el derecho de las víctimas a la reparación de violaciones a los Derechos Humanos. Reiteramos el compromiso de la Comisión de trabajar conjuntamente en el diseño de estas leyes armonizadas y estandarizadas”, expuso.

“Los hechos violatorios más recurrentes durante el periodo que se informa fueron: prestación indebida del servicio público, 205; detención arbitraria, 201; lesiones, 152; violación a los derechos de los niños, 62; retención ilegal, 58; amenazas, 50; allanamiento de morada, 48; tratos crueles, inhumanos o degradantes, 41; robo, 38; violación al derecho de los menores a que se proteja su integridad, 36 y negativa o inadecuada prestación del servicio público en materia de educación”, detalló.

Precisó que las autoridades más señaladas por los quejosos fueron la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la FGE y la Secretaría de Educación (Segey), con 136, 47 y 36 acusaciones, respectivamente. Servicios de Salud de Yucatán (SSY), el Centro de Reinserción Social del estado (Cereso) y la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (Prodemefa) tuvieron menos de 10 quejas cada una.

Los municipios de más quejas recibieron fueron Mérida, con 16, y Progreso con 14. Kanasín, Tizimín, Temozón, Tekax, Ticul y Valladolid tuvieron entre ocho y cinco denuncias.

Anunció que este año se realizará, de manera conjunta con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), las denominadas “Brigadas Indígenas”, las cuales consisten en visitas periódicas de promoción, difusión y defensa de los derechos del pueblo maya, comenzando por las comunidades del sur del estado.

Remarcó la necesidad de trabajar en erradicar de la conciencia social el mito según el cual los organismos públicos de Derechos Humanos sólo defienden delincuentes.

“Por lo contrario, debemos entender que si no respetamos los Derechos Humanos generaremos impunidad; que la promoción, protección y defensa de los Derechos Humanos, lejos de ser un impedimento para combatir la delincuencia, son la única vía para alcanzar la plena justicia; que no podemos combatir la ilegalidad con más ilegalidad”, puntualizó.

Finalmente, Goff Ailloud reconoció el trabajo de la sociedad civil organizada en Yucatán, pues es la responsable de los avances en la construcción de la cultura de respeto por los derechos humanos.


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