Paul Antoine Matos
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

5 de enero, 2016

“Son casas chocolate, de hojaldra”, así describen habitantes de cientos de hogares los departamentos de interés social del desarrollo San Marcos, del Grupo Vivo Inmobiliario.

Las pésimas condiciones en que se encuentran, a pesar de ser una construcción reciente, entrada apenas en mayo de 2015, revelan que hubo muchas anomalías desde su diseño hasta su venta.

Los departamentos muestran una línea de humedad con una altura de 15 centímetros sobre el piso, que recorre los más de 15 edificios que albergan a 200 familias.

Las columnas de las paredes también tienen signos de humedad, los lavabos gotean, algunas de las tuberías se han roto y varias columnas de concreto, en los patios, se tambalean peligrosamente. Es un lugar donde algunas vecinas lavan, los hijos juegan, al igual que las mascotas. Los inquilinos han optado por tirarlas a propósito para evitar que alguien se lastime.
Los hamaqueros de los hogares también se caen; las casas desocupadas también presentan moho porque, pues el agua convierte a las escaleras en una cascada, debido a las lluvias.

Otros sitios, como la parte posterior de los edificios (donde hay muros llanos, sin puertas ni ventanas) se resquebrajan y dejan expuestos los cables de electricidad. Algunas de las paredes han sido resanadas con cemento, pero otras continúan sin reparación alguna.

Los vecinos indicaron que la constructora Vivo aún debe el pago de la luz a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por lo que aún no tienen conectados los medidores, lo que les obliga a colocar sus propios diablitos para tener electricidad con la cual vivir. En las zonas de medidores, los cables de alta tensión son un peligro para quienes caminan por ahí.

Las escaleras se sienten flojas, carecen de los tornillos necesarios, y sus barandales tienen una apertura de aproximadamente 40 centímetros entre el piso de la construcción y el tubo más cercano. Incluso, los vecinos revelaron que una niña de ocho años se cayó desde las escaleras de un cuarto piso, rompiéndose el cuello, aunque logró sobrevivir.

Los gastos médicos de la niña, quien estuvo en el Hospital O’Horán, fueron pagados por la constructora hasta su recuperación, para evitar un escándalo. Ahora ella vive en Pacabtún, comentaron.

Los vecinos también acusaron que ha habido robos por parte de albañiles que construyen otras etapas del proyecto.

El arquitecto Diego Pérez Chan, egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), acudió a San Marcos, de Grupo Vivo, para observar la situación; señaló que algunas de las estructuras no cuentan con cimientos, sino que fueron construidas sobre planchas de concreto.

La preocupación de los vecinos es que en algún momento los edificios pierdan su fuerza y se derrumben, lo que pone en riesgo su vida y la de sus familias.

Según fuentes de [i]La Jornada Maya[/i] en el sector inmobiliario, la empresa cuenta con un historial relacionado a la poca calidad y malos proyectos urbanos, aunque destaca por su “extraordinaria” capacidad de comercialización y venta. Grupo Vivo Inmobiliario proviene de Cancún y tiene presencia en Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, donde han construido viviendas.

“Es un fraude, captaron con el proyecto a un grupo vulnerable, no asesorados, y nos clavaron con eso”, exclamó una inconforme vecina, quien decidió mantener el anonimato por cuestiones laborales. Manifestó que “actuaron con dolo, con mala fe”, ya que se aprovecharon de las personas que las habitan.

Los vecinos acusan a José Luis González Parra, director del proyecto de Grupo Vivo Inmobiliario, quien no sólo los ha ignorado sino que se ha burlado de ellos.

Incluso, expusieron que en un espacio de 6 por 3 metros hay planes de construir mini locales comerciales, a un lado de las casas que se encuentran en el primer piso. Ello obligará a romper las paredes de los hogares, lo que no se estableció en los contratos de compraventa, afirmaron los inquilinos.

[h2]Vivo, alcalde y gobernador[/h2]

El Grupo Vivo Inmobiliario presenta el complejo San Marcos como el noveno Desarrollo Urbano Integral Sustentable (DUIS) del país. Según el folio electrónico del predio, de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y Comercio, con el número 438189, Fernando José Vega Espinosa y Javier Carlos Olvera Silveira son los representantes de Vivo Inmobiliario.

A unos metros, compartiendo el mismo espacio verde, se encuentra San Marcos de Grupo Construcasa, cuyo presidente es Pedro Cervantes Espadas, esposo de la senadora y ex alcaldesa, Angélica Araujo Lara. Sin embargo, no hay quejas sobre este desarrollo.

Los departamentos de Vivo Inmobiliario miden en su interior 44.44 metros cuadrados y el costo para los vecinos, quienes a través de créditos para vivienda como el Infonavit las pagan, es de 200 mil, aproximadamente, a pagar en plazos mensuales por 30 años. Según el arquitecto Pérez Chan, las casas estarían valuadas en 90 mil pesos.

Los vecinos señalaron que aún no cuentan con las escrituras, debido a que la empresa les “ha dado largas”, lo que les impide poner una demanda o contratar los servicios de luz y agua. Mencionaron que el alcalde de Mérida, Mauricio Vila Dosal, y el gobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello, han asistido al desarrollo en actos públicos, para entregar las escrituras, pero las carpetas estuvieron vacías en ambas ocasiones.

Los vecinos aseguran “estamos dispuestos a cooperar, pero que nos ayuden”.

[h2]Edificios, estructuralmente planeados, responde director del proyecto[/h2]

El director del proyecto San Marcos de Grupo Vivo Inmobiliario, José Luis González Parra, respondió vía telefónica a los cuestionamientos respecto al estado de las estructuras del desarrollo, ubicado en el sur de Mérida, a unos metros de periférico.

Expuso que “todo el edificio llevó un cálculo antes de construirse, son edificios nuevos y algunos tienen seis meses de haberse terminado en sus diferentes etapas. El tema estructural se está cuidando desde el inicio”.

Señaló que el desarrollo está estructuralmente planificado, por lo que no tienen reportes de fallas que pongan en riesgo la integridad de los edificios y a las personas que los habitan; sin embargo, aceptó que los acabados sí presentan cuarteaduras sobre el muro, a consecuencia de las altas temperaturas y humedad que hay en Mérida, por lo que al ser reportados por los vecinos, se les coloca el acabado.

En el caso de que la seguridad estructural esté en riesgo, se buscaría un perito avalado por el ayuntamiento de Mérida para que examine el edificio, aclaró.
Sobre el caso de la niña que cayó desde un cuarto piso, reconoció que sí ocurrió, pero fue debido a una imprudencia, ya que ella intentó colgar un globo en la fachada de la casa, mientras estaba bajo el cuidado de su abuela. Indicó que, a pesar de que la empresa no tuvo responsabilidad, decidieron pagar los gastos del hospital, debido a que el padre se quedó sin empleo recientemente.

En cuanto a la humedad, cuando es temporada de secas, es difícil conocer cuáles son las afectaciones, por lo que al iniciar las lluvias se revisaron las que no estaban debidamente terminadas y se les colocó el acabado, aseguró.

La situación de la electricidad se debe a los cambios que hubo en la estructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por lo que el trámite se entorpeció. Se tiene comunicación con la paraestatal y se esperaba la visita del superintendente para ayer cuatro de enero. El 80 por ciento de los medidores están colocados y sólo faltan dos privadas, agregó.

Los espacios comerciales que han sido motivo de quejas entre los inquilinos son jurídicamente de Grupo Vivo, afirmó el director del proyecto, algo que los vendedores comunicaron a sus clientes. “La subdivisión era un área comercial, en la licencia de construcción se manifiesta que se compartiría”, expresó.

Si continúan las quejas contra los espacios comerciales, una solución es construir un muro independiente, consideró.

Respecto al edificio que muestra más desgaste y resanes, indicó que aún no se ha terminado, no tiene las escrituras, ni el Infonavit ha dado el visto bueno en su dictamen, por lo que, una vez listo, será el ayuntamiento y el mismo Infonavit quienes acudirán a hacer un avalúo, apuntó.

Indicó que la entrega de las estructuras es responsabilidad de un notario que sigue el trámite, no de la constructora, donde el tiempo de espera es entre cuatro y cinco meses, ya que debe seguir un proceso del Registro Público de la Propiedad y del Catastro municipal.

Por último, González Parra invitó a los inquilinos a reportar las anomalías mediante un [i]call center[/i] que es su sistema interno.


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