Jafet Kantún
Foto: Notimex
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Miércoles 12 de diciembre, 2018

Uno de los mayores obstáculos para hacer valer los derechos de la comunidad LGBTTT es la falta de legislación federal existente, por ello con el recién decretado Protocolo de Atención de la Policía Federal, para casos que involucren orientación sexual, identidad y expresión de género, se da un paso importante en la materia, declaró el activista por los derechos humanos, doctor y presidente de la asociación Circuitos por la Diversidad, Adolfo Voorduin Frappé en una conferencia organizada este martes por el Iepac.

En la conferencia titulada “Retos y Obstáculos del Ejercicio de los Derechos Político electorales de la Comunidad de la Diversidad Sexual”, el activista exhibió las condiciones de vulnerabilidad que enfrenta la comunidad LGBTTT en el país, los retos que se enfrentan y aunque aislados, los avances en materia normativa que se han dado en diferentes entidades de la federación.

“Hay una diversidad que conforma a este país, su flora, su fauna, sus trajes típicos, sus religiones, etc., y entre todo su diversidad sexual, y que los servidores públicos deben de atender a toda esa diversidad, por eso hay leyes para nosotros, menos para nosotros”, afirmó Adolfo Voorduin.

El activista remarcó que es en la Ciudad de México donde más se ha avanzado en la defensa de los derechos por la diversidad sexual. Señaló que son alrededor de 26 ordenamientos que hablan sobre la diversidad sexual, así como un trabajo desde la Comisión para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred).

Uno de los mayores avances fue el Protocolo de Atención de la Policía Federal para casos que involucren orientación sexual, identidad y expresión de género, decretado el pasado 22 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación. “Ahora tengo que trabajar para que este protocolo se baje a las policías estatales y a las policías municipales”, describió.

En ese sentido, remarcó que datos sobre casos de violencia con consecuencias letales no son precisos, ya que no hay un reconocimiento sobre las diferentes identidades de género y legislación para atender los actos.

Pese a esto, remarcó que mínimo son 165 asesinatos a personas de la comunidad de la diversidad sexual entre 2017 y 2018, de los cuales, 101 fueron hacia mujeres transgénero, 62 a hombres gays y 2 a lesbianas.

[b]Crímenes de odio[/b]

Los casos van en aumento, pese a tener registros inciertos, señaló el activista, ya que de 1995 a 2008 se registraron al menos 162 crímenes de odio contra la comunidad, y en un periodo menor, de 2009 a 2013, fueron 99. En estos últimos dos años se registró más número de casos que en los 14 años de entre finales del siglo pasado y comienzos del actual.

“En el 2017 perdimos muchos líderes en los estados, sobretodo mujeres trans que son las más agredidas, vulnerables y asesinadas más sádicamente, y si no tenemos protocolos y leyes que sancionen estos crímenes se seguirán dando”, subrayó.

Asimismo, reflejó que los estados donde se ha presentado mayor número de crímenes de odio contra personas con diversidad sexual son en Guerrero, Veracruz, Estado de México, Tamaulipas, Ciudad de México y Guanajuato.

Agregó que la Encuesta Nacional sobre Discriminación de 2017 (Enadis) mostró que las personas mayores, así como siete de cada diez adultos de entre 30 y 40 años, no están de acuerdo con que parejas con diversidad sexual puedan adoptar. La misma encuesta exhibió que cuatro de cada diez personas no están de acuerdo con vivir con una persona homosexual. Los datos también enseñaron que a menor escolaridad existe mayor discriminación e intolerancia a personas homosexuales.

Adolfo Voorduin celebró que en 2017 la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia aprobó en el pleno el protocolo para los crímenes de odio, mismo que, señaló, vino trabajando desde el 2013.

En otros avances, destacó que 12 entidades de la república permiten el matrimonio de dos personas del mismo sexo, entre ellas Quintana Roo y Campeche. Nueve constituciones protegen el derecho a la no discriminación por orientación sexual. Son 17 leyes para prevenir y eliminar la discriminación, entre ellas Yucatán.

En general, los retos que enfrenta este sector de la sociedad en el futuro son políticos; en lo que respecta a trabajar en la legislación y políticas públicas que atiendan a sus derechos humanos; económico, en el fomento de empresas y empleadores, así como espacios de trabajo sin discriminación y donde no haya diferencias en el salario por orientación sexual; y social, en la necesidad de educar a todos en el tema de la diversidad sexual y en el respeto, detalló el activista.


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