La Jornada Maya
Foto: Reporteros Hoy
Mérida, Yucatán
Lunes 29 de octubre, 2018
El estilo "peligroso" de gobernar que está demostrando el presidente electo Andrés Manuel López Obrador podría llevar a someter a consulta en cualquier momento la desaparición de poderes en México, advirtió el senador yucateco Jorge Carlos Ramírez Marín.
"Me parece reprobable que el presidente con toda la fuerza y peso democrático que le dio un triunfo inobjetable, reconocido por sus adversarios, no le sirva ni le sea suficiente y recurra a una estrategia para demostrarnos que cuando sea presidente va a ser capaz de justificar las decisiones que no nos ha dicho que pueden afectar mucho al país usando el mismo truco".
En entrevista con ACOM, dijo que la consulta, falsa, chafa, manipulada y sucia como la que se realizó el pasado fin de semana sobre la viabilidad del aeropuerto de Texcoco representa un antecedente de "mal augurio para el país".
Mañana "va a querer poner a consulta la desaparición del Congreso o la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este es un estilo muy peligroso y lástima porque es una manera de derrochar dilapidar un bono que de buena fe le dio la mayoría de la sociedad".
Nosotros no estamos pidiendo que se solape a nadie, y debería proceder contra quienes resulten responsables de los presuntos actos de corrupción, agregó el legislador yucateco.
López Obrador tendrá que demostrar que es muy transparente en la asignación de los nuevos contratos y tendrá que demostrar cómo le amarra las manos a sus amigos que se alistan para "caerle al negocio del que no formaban parte".
"Están cancelando una obra tan importante para México solo porque no estaban en el negocio y eso es lo peligroso del nuevo estilo de gobernador del próximo presidente", finalizó.
Jueza adscrita al penal estatal de Chalco amplió a octubre la etapa del cierre de investigación
La Jornada
Unos 3 mil productores serán beneficiados con sistemas modernos y eficientes
La Jornada Maya
Robert De Niro recibirá una Palma de Oro honorífica en el evento
Ap / Afp
Amenazó con suspender bienes y salarios a los más de 10 millones de indocumentados
La Jornada