Juez federal suspende operaciones de granja porcícola de Homún

Paul Antoine Matos
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán

Homún, Yucatán
Jueves 4 de octubre, 2018

La granja de cerdos construida en Homún por Producción Alimentaria Porcícola (PAPO) deberá suspender sus operaciones inmediatamente para proteger la infancia, después de que la juez cuarto de distrito la dictara de manera de manera provisional, de cara a la audiencia del nueve de octubre próximo en la cual puede ser definitiva, indicó Grupo Indignación mediante comunicado.

“La operación de la granja porcícola afectará múltiples de sus derechos, entre los que se encuentran los relativos a un medio ambiente sano, a una vida digna, al agua y al equilibrio ecológico”, señaló la juez al ordenar la suspensión provisional como medida cautelar.

Aseguró que existe un peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado y con ello se provoquen perjuicios de difícil reparación para las quejosas, especialmente en atención a los derechos que estiman violados, que son tan sensibles, indicó el comunicado de Indignación.

Existe la presunción de que la granja podría poner en peligro la pureza o utilidad del agua en la región, por el impacto ambiental que podría generarse, y existen diversos ordenamientos diseñados para que dicho impacto no alcance proporciones catastróficas para los habitantes de alguna región en particular.

La juez consideró que “existe un interés en la sociedad de que se conserve un medio ambiente libre de contaminación, saludable e idóneo para que los habitantes de determinada población lleven una vida digna”.

“En particular sus pobladores menores de edad, ya que incluso la Constitución establece que interés superior de la nación que sus niños se desarrollen libre y sanamente y tengan asegurado un futuro digno”.

La suspensión obliga a PAPO a detener toda acción que implique la puesta en marcha de la granja porcícola. Desde hace un par de semanas, camiones con cerdos han sido introducidos a la misma, lo que generó protestas por parte de los habitantes que temen que se contamine el agua y se afecte la fuente de ingresos que es el turismo de cenotes.

La suspensión ocurre tras un amparo interpuesto por los representantes legales de seis menores de edad de Homún, donde se reclaman violaciones a los derechos al agua, a un medioambiente sano, al principio precautorio, así como afectaciones al derecho humano al desarrollo, todos en relación con la obligación que tienen las autoridades de hacer efectivo el derecho del interés superior de la infancia y adolescencia, derechos contenidos tanto en la Constitución como en diversos Tratados Internacionales de Derechos Humanos.