Óscar Rodríguez / Jafet Kantún
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Miércoles 26 de septiembre, 2018

El presunto desvío de 158 millones de pesos, que debieron destinarse a investigación de enfermedades por parte del Sector Salud y que el gobierno de Rolando Zapata Bello entregó a “empresas fantasma”, según reveló el portal de noticias [i]Animal Político[/i], debe aclararse a cabalidad, coincidieron Felipe Cervera Hernández y Manuel Díaz Suárez, diputados locales por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), respectivamente.

Este lunes, el portal animalpolitico.com dio a conocer una investigación periodística en la que se identifica una serie de irregularidades realizadas principalmente por la Secretaría de Salud de Yucatán, por un monto de 158 millones de pesos.

“En 2015, la administración del gobernador priísta Rolando Zapata Bello -que concluye el próximo domingo- transfirió más de 150 millones de pesos destinados al estudio sobre enfermedades graves y otros servicios del sector salud, a un grupo de 58 compañías que no tenían ni los especialistas ni experiencia para realizar ese trabajo, y que decían dedicarse – en el papel- a servicios de construcción, comercio de mariscos y hasta plomería”, cita la entrada del trabajo periodístico.

Al respecto, el panista Díaz Suárez, quien en la pasada Legislatura fue presidente de la Comisión de Salud, expresó que tal situación tiene que ser investigado por la Contraloría y, en su momento, por la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY).

“Lo tienen que tomar en cuenta la Contraloría, la Auditoría Superior, que se supone que revisó toda estas entidades, que se supone que realizó las auditorías en los años pertinentes que se han señalado y no detectó nada, entonces habría que ver por qué y de comprobarse debe haber responsables a todos los niveles”, expuso.

Afirmó que todo desvío de recursos en el sector que sea tiene que ser castigado, por lo de que en caso de comprobarse lo expuesto en el reportaje sería un tema grave que debe ser sancionado rigurosamente.

[b]Organismos fiscalizadores[/b]

Por su parte, Cervera Hernández rechazó abundar en torno a una investigación que no conoce a profundidad, alegando que sería irresponsable de su parte.

Afirmó que mediante los organismos fiscalizadores del estado se podrá verificar si son ciertas o no las aseveraciones que realiza el portal mencionado, por lo que apuntó que una vez que se realice la glosa del sexto informe de gobierno se podrá conocer detalladamente los números arrojados por la ASEY.

Finalmente, descartó cualquier clase de sospecha en torno a que la investigación periodística se dé a conocer en el ocaso de la administración de Rolando Zapata.

[b]Vila atenderá irregularidades[/b]

Cuestionado sobre el tema tras la presentación del tercer Festival de las Ánimas, Renán Barrera Concha, presidente municipal de Mérida, indicó que corresponderá a la administración de su correligionario Mauricio Vila atender las irregularidades, y de ser el caso, sancionar a los responsables.

“Es un tema que le corresponderá al gobierno entrante. Ellos (gobierno de Rolando Zapata) están en su propio proceso de entrega-recepción y es el momento. En un proceso de entrega-recepción, cuando hay irregularidades detectadas las pueden entregar ante las autoridades correspondientes. Si es que se encuentra un tipo de delito, yo creo que sí es importante que se pueda emitir una denuncia”, opinó.

[b]Competencia del gobernador[/b]

Por su parte, Luis Vázquez, representante de Comunicación de la Secretaría de Salud de Yucatán, expresó que le compete al gobernador realizar declaraciones respecto al tema y que la Secretaría se encontraba en las labores de entrega al nuevo gobierno.

[b]El reportaje[/b]

En sus partes medulares, el reportaje publicado ayer por el portal Animal Político, refiere que el gobierno del estado transfirió más de 150 millones de pesos a 58 “empresas fantasma” para el estudio de enfermedades graves. Estas empresas, a pesar de estar constituidas legalmente, no operan en forma en sus domicilios fiscales, varias de ellas coinciden en accionistas, fecha de constitución y en los notarios que las avalaron. Estas condiciones son similares a las que se dieron en la gestión de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz.

Cabe hacer notar que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) catalogó a 16 de estas empresas como constituidas legalmente, pero que simulan las operaciones que facturan.

Otra irregularidad consiste en que los recursos no fueron entregados bajo un esquema de competencias o licitación. En vez de eso, se les suministró el dinero a través de supuestos contratos de adjudicación directa, por sumas que superan el monto máximo de 735 mil 520 pesos para adjudicar contratos sin licitación, establecido en la ley estatal a través del Presupuesto de Egresos de Yucatán para 2015.

Conforme al artículo 18 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Yucatán, las contrataciones de servicios en la entidad deben realizarse a través de licitaciones mediante una convocatoria pública. Esto no ocurrió en los contratos de los Servicios de Salud, como la misma dependencia reconoció.

La misma Ley de Adquisiciones establece que las únicas excepciones por las cuales se puede adjudicar un contrato sin licitación la indica la fracción III, en la que se establece como condición única para la adjudicación directa que sólo exista un proveedor que resulte “idóneo” para realizar el servicio, previa investigación de mercado. Las empresas de la presente investigación no entrarían en esta excepción porque, como se demostró, no están especializadas en el sector salud. Incluso, el giro empresarial de algunas de ellas es la construcción o el área digital.

Hay casos en los que se desconoce cómo se adjudicó el monto e incluso si se firmó un contrato.

[b]Inicio de la investigación[/b]

La investigación de [i]Animal Polític[/i]o comenzó a raíz de que el pasado mes de junio, Patricio Patrón Laviada, ex gobernador de Yucatán, denunció que los recursos de salud durante la gestión del actual gobernador habían terminado en una red de empresas fantasma. El gobierno estatal negó haber realizado los pagos.

Y al contrario, la investigación encontró que la mayoría de los pagos supera el millón de pesos, los cuales se pagaron entre marzo y noviembre de 2015, y los proveedores no esperaron mucho: 20 de esas transferencias se hicieron entre el 12 y 13 de marzo de ese año. Todo con cargo a Servicios de Salud de Yucatán.

[b]¿Y la transparencia apá?[/b]

Al solicitar a la dependencia información de estudios de mercado, análisis y criterios para la elección de las empresas, se negó la misma presuntamente porque los funcionarios responsables se encuentran en proceso de salida por el cambio de administración. Fue a través de solicitudes vía Transparencia a la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Yucatán que se requirió la justificación y documentos relativos a lo pagado a estas 58 empresas.

A la primera solicitud se se respondió que estos pagos no se realizaron. Tras otras dos solicitudes de acceso a la información, finalmente se reconoció: sí existían pagos a 23 compañías, en 2015, y todas eran resultado de adjudicación directa. No obstante la dependencia aún no reconoce los pagos a las 35 restantes.

Además, la Secretaría señaló que algunos documentos “se encuentran archivados en una oficina” y que el cambio de gobierno impide revelar los archivos.

Algunas de las empresas comprobadas como fantasma son:

Beco Peninsular S.A. de C.V., cuyo giro es servicios de pintura y construcción; Codimayo S.A. de C.V., dedicada a la compraventa de materiales y maquinaria de construcción, y Flager S.A. de C.V., especializada en recursos humanos y capacitación en materia fiscal.

Las demás compañías y su investigación respectiva, además de resultados de visitas a los domicilios fiscales, serán revelados en un segundo reportaje a publicarse mañana.


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