Eduardo Lliteras Sentíes
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Miércoles 15 de agosto, 2018

La venta de tierras ejidales en Conkal por parte de un grupo de 10 personas que se han apoderado del comisariado ejidal en los últimos años ha sido denunciada de nuevo ante el Tribunal Agrario, por los numerosos actos ilegales que se llevan a cabo en contra de la voluntad de una mayoría de ejidatarios de ese municipio conurbado con Mérida, en el que abundan los fraccionamientos y los desarrollos urbanos privados a una velocidad impresionante.

Ejidatarios de Conkal denunciaron ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 34 a José Guadalupe Argáez Matú, quien se ostenta como presidente del comisariado ejidal, a pesar de no haber sido elegido como estipula la ley agraria.

Argáez Matú forma parte de un grupo de 10 personas acusadas de vender por lo menos 400 hectáreas del ejido de forma ilegal y con el contubernio del Procurador Agrario de Yucatán –hasta hace poco Omar Corzo Olán- y demás funcionarios, los que han dado por buenas todas las ilegalidades cometidas por los comisariados ejidales.

Los ejidatarios señalaron al anterior comisariado ejidal, Víctor Manuel Ix Pool, y al actual, José Guadalupe Argáez Matú, de vender tierras del ejido a empresarios para beneficio propio, a través de la cooptación de las autoridades agrarias.

Hablamos de millones de pesos en ventas de tierras aprobadas de forma ilegal y contra la voluntad de la mayoría de los ejidatarios y a través de asambleas agrarias ilegales y espurias.

El ejido de Conkal, compuesto por aproximadamente 1700 hectáreas, está en la mira de empresarios, de constructores y desarrolladores, debido a la alta plusvalía de las tierras ubicadas al norte de Mérida.

La denuncia por la venta ilegal de tierras llegó inclusive a la Procuraduría General de la República, y aún se espera una resolución.

Los ejidatarios se mostraron escépticos respecto a la posibilidad de cualquier cambio o giro en el despojo que padecen, ahora que haya relevo de autoridades a nivel federal y estatal, según dijeron a Infolliteras.com

Insistieron en que los actos ilegales en la venta de tierras no se explican sin la complicidad abierta de autoridades federales y estatales que gozan de la protección del Gobierno de Rolando Zapata Bello, según dijeron.

El problema es que el visitador agrario da por buenas todas las irregularidades y falsea la información de las asambleas agrarias. Cuando es evidente la mayoritaria oposición él escribe que es el contrario para favorecer al grupo que se ha dedicado a vender el ejido de forma sistemática e ilegal, encabezado por Moisés Cruz Ayil.

Ellos se reparten el botín de la venta de las tierras y entregan migajas a los demás ejidatarios, a los que entregan lo que quieren; aprueban actos sin realizar las asambleas requeridas por ley y con la oposición evidente de la mayoría gracias a la complicidad de las autoridades de la Procuraduría Agraria, explicaron.


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