Juan Manuel Contreras
Foto Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya
Mérida, Yucatán
Viernes 10 de agosto, 2018
De acuerdo con el algoritmo automatizado diseñado por la organización Fuiste Tú? para analizar los datos de la Auditoría Superior de la Federación en busca de posibles daños a la hacienda pública, en el caso particular del estado de Yucatán, se registra que para el ejercicio fiscal 2016 seis dependencias públicas no han comprobado recursos que ascienden -al cierre de las auditorías- a 824 millones 100 mil pesos, que representan el 2.2 por ciento del presupuesto aprobado por el Congresos estatal en ese año.
El monto más elevado es de 803 millones 700 mil pesos, que corresponden a recursos de participaciones federales recibidas y no comprobados por el gobierno de Rolando Zapata Bello. El resto está compuesto por recursos no comprobados de los municipios de Kanasín por 15 millones 100 mil pesos; Progreso por 3 millones 600 mil pesos, y Chemax y Yaxcabá por 100 mil pesos cada uno. El monto total se completa con un millón 500 mil pesos que no se han comprobado del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán.
Estos recursos forman parte de la lista de “dependencias que preocupan”, de acuerdo a la organización Fuiste Tú?, en la que están involucradas dependencias de los tres órdenes de gobierno, y dentro de las cuales se pueden encontrar universidades como la Autónoma Metropolitana, la Autónoma de Nuevo León o la de Chiapas; una gran cantidad de municipios del país como San Luis Potosí, Oxchuc o Torreón; hospitales como el ya mencionado de Alta Especialidad, y una gran variedad de dependencias como el ISSSTE, PEMEX, secretarías de estado y hasta la NAM y el INE.
Ciertamente, en muchos casos los montos no comprobados son relativamente bajos, pero lo realmente preocupante no es el monto de los recursos, sino la cantidad de dependencias involucradas, ya que, a final de cuentas, se trata de dinero de los contribuyentes cuyo destino no está comprobado, y que en todo caso pone en evidencia la ineficacia de las dependencias para comprobar su gasto en perjuicio de la transparencia que debe existir en el ejercicio de los recursos de la hacienda pública.
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