Óscar Rodríguez
Foto: Mayaleaks
La Jornada Maya
Mérida, Yucatán
Jueves 2 de agosto, 2018
Luego que el [i]Diario de Yucatán[/i] diera a conocer que una corte internacional condenó al gobierno del estado a un pago superior a los 720 millones de pesos, por cancelar el contrato con una empresa que construía un nosocomio en Ticul, el presidente de la Comisión de Salud del Congreso local, Manuel Diaz Suárez, exigió castigo a los responsables de tal situación.
De acuerdo con la información difundida, la sentencia fue emitida por el tribunal arbitral designado por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París.
Según la fuente, el fallo se basa en los daños que el gobierno del Rolando Zapata Bello causó a la empresa Marnhos, por lo que la corte antes mencionada condenó al Ejecutivo estatal a erogar primero 584 millones 498 mil pesos por la terminación del contrato, además de otro monto de 138 millones 949 mil 663 pesos, por los gastos derivados por la falta de pago.
La obra del hospital, ubicado en el municipio de Ticul, fue signada por la administración de Ivonne Ortega Pacheco en septiembre del 2012 y continuada por la de Zapata Bello. Esta última decidió cancelarla en 2015, alegando supuestos incumplimientos.
Al respecto, Díaz Suárez, quien es diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN), demandó que se investiguen los hechos a nivel local para sancionar a los responsables de tal multa, toda vez que se trata de un evidente daño al erario publico.
“Es muy grave. Mi punto de vista es que se tiene que fincar las responsabilidades que así correspondan; que se investigue donde estuvo el problema: en lo administrativo, en la toma de decisiones”, expuso.
Insistió que el tema deberá quedar en un simple cumplimiento de la sentencia, pues los ciudadanos están cansados de actos de corrupción u omisiones que tienen que ser pagadas con los impuestos de la ciudadanía.
Finalmente, indicó que el gobierno entrante de Mauricio Vila Dosal deberá estar atento al desarrollo del caso, toda vez que será quien deberá enfrentar la sentencia; ya sea cumpliéndola o bien buscando otros caminos legales.
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