Paul Antoine Matos
Foto: Afp
La Jornada Maya
Mérida, Yucatán
Domingo 22 de julio, 2018
Martha Góngora Sánchez, secretaria General de Gobierno de Yucatán, afirmó que cuando ocurran hechos como la ordeña de combustible, que ocasionó una explosión en el ducto de Pemex entre Mérida y Progreso, lo más importante es estar atentos y denunciar.
La funcionaria estatal declaró que “no estamos exentos de que se den incidencias en el estado en materia de seguridad, lo importante es que cuando suceda se procure que se detengan a los responsables”. Afirmó que se tiene que estar atentos a hechos como el ocurrido, o cualquier otro que atente contra la seguridad en el estado.
Un grupo de ocho personas fueron descubiertas ordeñando combustible entre semana, después de que se registrara una explosión en el ducto de Pemex en la carretera Mérida-Progreso, lo que ocasionó que uno de los presuntos huachicoleros se haya quemado en el 85 por ciento de su cuerpo.
Góngora Sánchez indicó que deben esperarse las investigaciones para realizar más declaraciones, para esperar los tiempos prudentes. “No creo que haya un grupo organizado haciéndolo, tampoco lo descarto. Apenas se están haciendo las investigaciones”, expresó.
Afirmó que Yucatán tiene las medidas de vigilancia en los puntos necesarios, con herramientas de tecnología e infraestructura como cámaras y arcos viales, lo cual es un “gran avance porque permite ampliar el espacio para cubrir la vigilancia, no tenemos patrullas para cada esquina, pero con tecnología mejoramos la cobertura”.
Sobre el proceso de transición electoral, indicó que aún no inicia la etapa de entrega-recepción, por lo tanto el gobierno estatal atiende los temas pendientes, continúa con el trabajo y, en el momento oportuno, hablarán de lo que se entregará.
Jueza adscrita al penal estatal de Chalco amplió a octubre la etapa del cierre de investigación
La Jornada
Unos 3 mil productores serán beneficiados con sistemas modernos y eficientes
La Jornada Maya
Robert De Niro recibirá una Palma de Oro honorífica en el evento
Ap / Afp
Amenazó con suspender bienes y salarios a los más de 10 millones de indocumentados
La Jornada