Texto y foto: Ap
La Jornada Maya

Managua, Nicaragua
Sábado 28 de abril, 2018

Decenas de miles de nicaragüenses participaron el sábado en Managua en la marcha “Por la Paz y la Justicia” convocada por la Iglesia Católica, la segunda manifestación multitudinaria en menos de una semana después de las protestas que tuvieron como saldo 63 muertos, 15 desaparecidos y centenares de heridos, según datos de organismos de derechos humanos que no han sido ni confirmados ni rechazados por el gobierno del sandinista Daniel Ortega.

En la peregrinación convocada por la Conferencia Episcopal de Nicaragua estuvieron representantes del sector privado organizadores de la marcha del lunes, campesinos que se oponen a la construcción de un canal interoceánico en el país y estudiantes que lideraron las primeras protestas provocadas por la reforma a la ley del seguro social

“Vamos a marchar por la paz, porque haya justicia, los nicaragüenses necesitamos un mejor país y lo vamos a conseguir”, dijo Silvio Báez, obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, al canal 100 por ciento Noticias al inicio de la marcha.

“¡Bienvenidos a Managua hermanos campesinos nicaragüenses! Los esperamos con los brazos abiertos, orgullosos de ustedes, solidarios con sus demandas. ¡Gracias por estar aquí! ¡Viva Nicaragua!”, había señalado previamente a través de Twitter.

Francisca Ramírez, líder del movimiento de campesinos anti-canal, explicó a The Associated Press que quisieron participar en la marcha porque “es momento de que Daniel Ortega entienda que no va a seguir haciendo con este país lo que quiera... Ya ha sido suficiente, queremos paz pero con justicia por los asesinatos”.

Los campesinos salieron en camiones desde lugares recónditos del país desde el viernes para poder llegar a Managua a mediodía del sábado.

También se realizaron peregrinaciones en ciudades como León en el oeste del país y Matagalpa en el norte, y en todas las manifestaciones la exigencia de justicia era una constante.

“Vine porque los muchachos que murieron merecen que les rindamos un tributo, que marchemos por la paz del país, por la justicia y porque vuelva la democracia que está secuestrada por este gobierno”, indicó Marlene Álvarez, una joven de 26 años que trabaja en un laboratorio de la capital.

Las protestas se tornaron violentas el pasado 18 de abril cuando un grupo de nicaragüenses en contra de la reforma al seguro social fue reprimido por miembros de la Juventud Sandinista y de la policía. Las acciones se repitieron durante los siguientes cinco días.

El presidente decidió entonces derogar dicha reforma pero para entonces ya había un saldo de al menos 30 muertos, la mayoría de estos estudiantes, junto con dos policías y un periodista.

Ortega convocó después a un diálogo nacional y pidió a la jerarquía católica como testigo y garante del mismo. El sector privado, los estudiantes y otros sectores sociales aceptaron el diálogo pero exigieron una investigación por las muertes y los abusos cometidos por las autoridades.

El viernes el presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porras, anunció la creación de una “Comisión de la Verdad” para conocer y analizar lo ocurrido en los enfrentamientos que tuvieron lugar en el país durante las manifestaciones.

La Comisión estaría formada por juristas, intelectuales, religiosos, jóvenes, personalidades de reconocido prestigio y algunas organizaciones pero grandes sectores de la población no están de acuerdo con la misma porque rechazan a Porras a quien vinculan con la represión ejercita contra los universitarios.

La procuradora de Derechos Humanos, Corina Centeno dijo que ellos harán las investigaciones de las muertes y lo harán con seriedad y objetividad auxiliándose de la policía lo que tampoco convence a la sociedad escéptica ante una pesquisa en que los investigados son los mismos que los que investigan.

Organismos internacionales como Human Rights Watch, Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos han pedido al presidente Daniel Ortega que cese la represión, considerada por analistas e historiadores nicaragüenses como la más violenta y sangrienta en los últimos 40 años, desde la dictadura de Somoza.


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