Menor canadiense, en albergue de Yucatán por conflicto entre sus padres

Prodemefa no aplicó el protocolo adecuado; se llevó al niño llorando y pataleando, acusa madre

Katia Rejón
Foto: Enrique Osorno
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Domingo 19 de mayo, 2019

El año pasado, G.V. y su esposo B.K.M. se mudaron de Canadá a Progreso, Yucatán con su hijo de cinco años B.A. De acuerdo con G.V., desde hace tiempo planeaban mudarse “a un país caliente” y deseaban estar cerca de la playa así que vendieron todas sus cosas y sus propiedades.

“Él trabaja con rotación, se va de viaje muy seguido. En febrero se vendió la casa matrimonial, teníamos muchos problemas porque estábamos muy estresados, no sabíamos cómo iba a ser la vida aquí. Le pregunté si estaba seguro de hacer una mudanza tan grande a un lugar tan lejano, y le propuse separarnos y quedarnos en Canadá. Él no quiso”, afirma la entrevistada.

El 2 de mayo pasado, tras una serie de desacuerdos en el matrimonio, su ex esposo B.K.M. la demandó por, supuestamente, quedarse con su hijo de cinco años sin su consentimiento, en Yucatán. El menor se encuentra actualmente en una casa hogar de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (Prodemefa) y la madre acusa a esta dependencia de no realizar el protocolo correspondiente a la separación, pues se llevaron al menor “pataleando y llorando” durante la audiencia.

El 6 de marzo del 2018 llegaron los tres a Yucatán, cuenta la entrevistada, pero poco tiempo después B.K.M comenzó una relación extramarital. “Nos peléabamos. Me agredió dos veces físicamente, me gritaba. En una ocasión me atacó delante del niño, me agarró del cuello y llamé a la policía. Lo arrestaron, le encontraron cocaína, y lo metieron 36 horas a la cárcel”, agregó.

Comentó que durante ese lapso, huyó del domicilio con su hijo y sus mascotas por temor a que también las atacara, y se refugió en casa de una amiga suya. Por su parte, B.K.M, al no encontrarlos cuando salió, continuó, se regresó a Canadá y los abandonó.

“Me dejó en una casa que no podía mantener, me dejó con la camioneta, nuestras posesiones de un remolque. Me dejó sin visa de trabajo, sin trabajo. Cuando se fue lo único que quería era hablar con el niño por videollamada”, contó.

G.V. se mudó, sacó una visa de trabajo, vendió la camioneta con dificultad porque era canadiense y cambió su residencia y su hijo comenzó a ir a la escuela en agosto pasado, y comenzaron una vida aquí.

“Mi hijo le suplicó a su papá que viniese para su cumpleaños, a finales de noviembre. No vino. Después le suplicó que viniera para Navidad, tampoco vino. Le mandó dinero para juguetes y es el único dinero que ha mandado desde que se marchó”, explicó.

Por ello, comenzó los trámites para solicitar la custodia y la pensión. Agregó que B.K.M. vino en febrero pasado y quería pasar unos días con su hijo. Sin embargo, días antes de que llegara “recibí un correo en el que me dijeron que tenía una orden judicial para que, si el niño llegaba solo a Canadá, él tenía la custodia principal, y yo la visitación”.

A G.V. le extrañó esta orden supuestamente interpuesta por el padre pues le había comentado que cuando B.A. estuviera más grande, lo enviaría a Canadá a visitarlo. “Pero con esta orden no puedo, porque si lo mando, se lo queda”, agregó.

De acuerdo con la entrevistada, el padre afirma que vinieron sólo de vacaciones y cuando tenían que irse, ella se quedó contra la voluntad de él. “Eso es mentira, tenemos las fotos del viaje, vendimos todo para mudarnos aquí”, expresó.

Durante la audiencia aceptaron todas sus pruebas, pero al final “tanto el representante de Asuntos Exteriores, el de Prodemefa y la Fiscalía dijeron que tenían que poner al niño en manos de Prodemefa hasta que se resuelva el caso. La juez actuó como un robot: se llevaron al niño pateando y gritando sin dejar que se despidiera de mí y lo metieron al albergue. Lo han hecho todo mal. Dijeron que se lo llevarían a un lado, y luego lo llevaron a otro”.

En la entrevista, muestra fotos de los brazos y piernas del menor con picaduras de mosco. Dice que se llenó de picaduras tan sólo en el primer día, además de que en el sitio en el que está hay dos niños con varicela.

Con el padre, aseguró, ha hablado dos veces para decirle que el único que puede sacar al menor del albergue es él. Sin embargo, él insiste en que ella debe mudarse para que le pase una pensión, o que le dé al niño a cambio de una mensualidad; a lo que ella afirmó que no es una posibilidad “comprarle a su hijo”.

El abogado de B.K.M., Juan Medina, negó que la pareja vendiera sus propiedades en Canadá para mudarse a Yucatán. “Los jóvenes [canadienses] no se quedan a vivir en Yucatán, sólo vienen de vacaciones”, afirmó.

Sobre las demandas a su cliente por violencia doméstica comentó primero que eso “no necesariamente lo hace culpable” y que “no ha sido condenado por ley”, pero al final también negó tener notificación al respecto.

La penúltima audiencia fue el martes 14 de mayo. Horas antes, Juan Medina comentó: “No estamos peleando si son buenos padres, sino si se configuran los elementos para repatriar o restituir al hijo a su país de origen”.

Posteriormente, la madre se comunicó para decir que el 17 de mayo se demostró que sí se mudaron a Yucatán y no retuvo al menor de forma ilegal. Sin embargo, “la juez [Patricia Herrera Loría] decidió que como yo no tenía la autorización del padre para quedarme y ponerlo en la escuela, que de todos modos el niño tiene que marcharse”, comentó.