Óscar Rodríguez
Foto: Cortesía
La Jornada Maya
Mérida, Yucatán
Miércoles 26 de junio, 2019
El Congreso del estado y el Poder Judicial suscribieron un convenio de colaboración en materia de investigación e información legislativa y judicial, que tiene por objeto establecer las bases para diseñar, sanear y en su caso poner en marcha programas, proyectos, actividades e investigaciones de interés recíproco.
El convenio fue signado por el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo de Jesús Ávila Heredia, mientras que por el Congreso local lo hicieron los diputados Felipe Cervera Hernández y Enrique Castillo Ruz, titulares de la Junta de Gobierno y Coordinación Política y la Mesa Directiva, respectivamente.
En su discurso de bienvenida, Felipe Cervera resaltó que se requiere trabajar de la mano con el Poder Judicial porque, apuntó, en esta legislatura no se trata de hacer reformas y crear leyes para aumentar el porcentaje de productos dictaminados, “sino de trabajar en función de lo que se necesita y de lo que es posible aplicar como legislación.
“La coordinación y apoyo entre Poderes es sin duda un elemento indispensable para el desarrollo de las funciones y el trabajo de cada institución y cumplir así con la finalidad principal de servir adecuadamente a la sociedad a la que nos debemos y que la demanda”, expresó el magistrado Ávila Heredia, previo a la firma.
Ávila Heredia indicó que hay temas prioritarios, complejos, pero indispensables, que deben ser analizados. “Me permito poner en la mesa, para iniciar la marcha de este convenio, plantearnos como un objetivo el estudio de dos legislaciones que por su propia naturaleza y por la necesidad social es indispensable: la materia familiar y la materia laboral”.
En su intervención, Sergio Martínez Cachón, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, explicó que mediante este acuerdo se podrán desarrollar acciones en conjunto que incrementen el conocimiento para la mejor toma de decisiones en materia legislativa y judicial relacionada con información parlamentaria, social, económica, cultural y de opinión pública.
“Asimismo permitirá diseñar cursos, conferencias, capacitaciones, talleres, seminarios y diplomados en materias que tengan que ver con actividades legislativas, judiciales y de la cultura de la legalidad”, precisó.
Martínez Cachón abundó que el convenio será una herramienta para realizar programas de modernización institucional o de instrumentación de nuevas tecnologías de captación, procesamiento y difusión de la información legislativa y judicial.
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