Fernando Camacho Servín
Foto: Luis Castillo
La Jornada Maya

Ciudad de México
Viernes 5 de julio, 2019

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) rechazó la negativa del gobierno federal a aceptar la Recomendación 29/2019, relacionada con las estancias infantiles, y advirtió que dicho acto está basado en argumentos falaces que revictimizan a los usuarios de las guarderías.

En conferencia de prensa, el [i]ombudsman[/i] nacional, Luis Raúl González Pérez, destacó en primer lugar el carácter inédito que tiene el rechazo “altisonante, desdeñoso e infundado” de la citada Recomendación, y lamentó que dicha postura no se haya basado en argumentos objetivos y elementos verificables.

En vez de ello, dijo, las autoridades prefirieron “formular una negativa basada en elementos de carácter preminentemente ideológico o político, así como afirmar hechos que no corresponden a la realidad de las cosas, para desinformar y generar en la sociedad una percepción equivocada del caso”.

De igual forma, González Pérez alertó que las autoridades “ponen en evidencia un desconocimiento de las leyes vigentes, así como un desdén por la legalidad y la institucionalidad democrática. Pretender silenciar el trabajo de los organismos de protección y defensa de los derechos humanos mediante calumnias e infundios, no es digno de una autoridad que ostente o presuma vocación democrática”.

La Recomendación emitida por la CNDH, recalcó, “no viola ni promueve la violación a los derechos humanos, por el contrario, tiene por objeto exigir el auténtico y efectivo respeto y vigencia de los mismos, frente a actos arbitrarios e infundados de poder que los trasgreden”.

Ante medios de comunicación y padres y madres de familia usuarios de las guarderías, el ombudsman enfatizó que “nadie se opone a que se investiguen los casos de corrupción o las irregularidades que, eventualmente, se hayan presentado en la administración u operación de las estancias infantiles”, pero indicó que tales hechos “no pueden justificar que se prive a niñas y niños, madres y padres, de la posibilidad de acceder a servicios especializados, profesionales y confiables, que por su propia naturaleza no son susceptibles de ser monetizados o compensarse con la entrega de 800 pesos al mes”.

De igual forma, afirmó que pretender que las personas mayores, o las mujeres, que integran las familias asuman obligadamente las tareas relativas al cuidado de niñas y niños, lleva implícito múltiples estigmas y prejuicios sobre lo que debe considerarse una familia, el papel y responsabilidades de las personas mayores, y de las mujeres, basados en su género y condición.

Tras advertir que quitarle recursos a las estancias viola el principio de progresividad de los derechos humanos, el funcionario consideró especialmente grave la afirmación del gobierno de que “el Estado mexicano tiene la facultad primigenia, exclusiva, e inalienable de determinar las prioridades para la protección de los derechos humanos. Es decir, cuenta con la potestad de determinar el Margen Nacional de Apreciación”, lo que consiste en determinar las políticas públicas internas que deben implementarse para cumplir con las obligaciones de los Estados.

Dicho aserto es grave porque el respeto y cumplimiento de los derechos humanos “no es una potestad, sino una obligación constitucional de todas las autoridades”, que no puede depender de la apreciación o voluntad personal de ninguna autoridad.

Aunque lamentó que el Ejecutivo haya dejado de lado cualquier posibilidad de diálogo o búsqueda de entendimiento, ademas de descalificar públicamente el trabajo de la CNDH, el organismo llamó a las autoridades a replantear su postura.

De no hacerlo, dijo González Pérez, la CNDH “tiene la vía expedita para solicitar al Senado de la República el que requiera a las autoridades responsables las explicaciones correspondientes, así como para denunciar tales hechos y la perspectiva que las autoridades de nuestro país tienen sobre los derechos humanos, en general, y sobre el respeto a la institucionalidad democrática”.

Ante el rechazo de la Recomendación 29/2019, este Organismo Nacional agradece las muestras de solidaridad y apoyo que han expresado organizaciones y personas defensoras de los derechos humanos, quienes también pugnan porque en este país sean vigentes los derechos de la infancia, pero también los de todas las personas, porque impere la legalidad y, tanto autoridades como personas, fortalezcan y respeten nuestra institucionalidad democrática.

La CNDH ya notificó a las autoridades sobre este posicionamiento y les dio cinco días para emitir una respuesta.


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