Katia Rejón
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Lunes 15 de julio, 2019

“Esto fue un circo para que la discusión del presupuesto quedara en segundo plano. No esperábamos que regresara tan rápido. La justicia federal es la que se encargará de darle seguimiento y eso nos va a motivar”, afirmó Alex Orué, activista de los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+ a los medios minutos después de que se diera a conocer la votación en contra del matrimonio igualitario, por segunda vez en el Congreso del Estado de Yucatán este 15 de julio.

Comentó que uno de los puntos en el amparo que han interpuesto varios grupos de derechos humanos en Yucatán es por la votación a través de cédulas, es decir, secreta. “Nos da más material porque ahora sí tiene efecto jurídico por haberlo hecho en secreto. Como lo dijo la diputada Mili Romero, es antidemocrático. Vamos a seguir en paralelo con la iniciativa de juntar firmas, las personas que quieran se pueden registrar en Unasse”, agregó.

Por su parte, el abogado Carlos Escoffié comentó minutos antes de la votación que el panorama era un “déjà vu” de la vez anterior. “No hay diferencia, la obligación está ahí desde que se pronunció la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quizá la diferencia es que ya son más las instituciones que se pronuncian a favor del matrimonio igualitario como la Codhey [Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán] que lo hizo tarde, pero lo hizo”, explicó.

El abogado mencionó que no debió hacerse por medio de cédulas debido a que este proceso sólo se hace para elegir a ciertos cargos. “Cada vez que esta iniciativa pasa por el Congreso, sólo ajusta más el candado que garantiza que tarde o temprano se van a reconocer estos y otros derechos de la población LGBT”, finalizó.

[i]La Jornada Maya[/i] intentó entrevistar a varias personas con hojas en blanco que tenía la leyenda “Somos Pro Familia”, sin embargo sólo una persona accedió. “Estamos aquí porque no buscamos que se cambien las leyes que ya están, el matrimonio es entre hombre y mujer. Si quieren dejarle herencia a su pareja hay sociedades de convivencia, testamentos, carta poder” comentó una mujer que omitió su nombre.

Al preguntarle su opinión sobre la postura contraria, contestó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es gente que está a favor de la comunidad LGBTTTIQ+. “No porque lo diga la Suprema Corte tiene que ser así. El matrimonio es natural desde que existe el humano”, añadió.

Alejandra Castro, joven que se encontraba a un lado de la primera entrevistada, opinó que no es justo cómo se trata a la comunidad LGBTTTIQ+. “Piensan que al permitirle a los demás derechos, se perderán los suyos. No es así, se busca que todos tengan la misma cantidad y calidad en los derechos. Las leyes son laicas y hay que saber respetar y luchar para que la gente sea más incluyente”, expresó.

Otra joven, Andrea Tamayo comentó: “está el tema de Yucatán Seguro, ¿de qué sirve que haya seguridad pública si no están garantizando los derechos humanos? Poner en criterio si los derechos humanos son o no para todas las personas, pone en duda el trabajo legislativo”.


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