Graciela Ortíz
Foto: Twitter @CongresoYucatan
La Jornada Maya
Mérida, Yucatán
Jueves 5 de diciembre, 2019
“En el caso del derecho hotelero hemos escuchado la inquietud de las asociaciones, también sabemos que el Consejo Consultivo del presupuesto aprobó por unanimidad ese tema, por eso yo les pediría que establezcan un diálogo con los integrantes de ese Consejo y con el propio Ejecutivo del estado”, sostuvo el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación política del Congreso del estado, Felipe Cervera Hernández, en relación al derecho por la preservación y restauración del equilibrio ecológico que se propone en el paquete fiscal de Yucatán para el próximo año.
Por este derecho, según plantea el Ejecutivo, se pretende cobrar 0.4 UMA (84.49 pesos por UMA) por habitación, es decir unos 34 pesos, por noche de ocupación, al momento en que se efectúe el pago por la habitación.
Cervera Hernández apuntó que hay que ser claros cuando se habla de un presupuesto de ingresos, “para poder decir que algo no se va a cobrar, que algo no va a ingresar a las arcas del estado, también hay que decir qué programas queremos que se suspendan o se disminuyan, y esa es la parte que no hemos escuchado; nadie quiere pagar un derecho, a ninguno nos gusta pagar impuestos, a ninguno nos gusta pagar más derechos, más obligaciones, y están no solamente a quienes no le gusta, sino que no pueden, ya no pueden más con esos cobros”.
Indicó que la postura del PRI siempre ha sido de puertas abiertas y que si los hoteleros quieren platicar, van a ser recibidos con mucho gusto, “para que, precisamente, nos digan qué cosas quieren que se dejen de hacer para someterlo a consideración y que sea evaluado por los ciudadanos”.
Aseguró, también, que “nuestra ocupación, más que preocupación es que no se paren los trabajos del estado, pero tampoco que se dañe a los ciudadanos”.
Afirmó que están buscando las fórmulas para que aquellos que menos tienen no sean perjudicados, “que tengan los mayores beneficios, en caso de que hubiera que aprobar algún derecho se buscará que sea con el menor daño posible; sin embargo estamos buscando todavía varias opciones”.
En relación al derecho que pretende cobrarse sobre seguridad, manifestó que están proponiendo que éste sea topado con un ocho por ciento sobre el consumo de servicios prestados, “pero también hemos planteado el exceptuar a personas de menores recursos económicos. La intención sería que quien más tiene pague más, quien menos tiene no pague o pague mucho menos”.
Por último, afirmó que siempre existe la posibilidad de decirle que no a esos derechos, y que los funcionarios comparecientes "tendrán que convencernos como representantes ciudadanos de que es mayor el beneficio de cobrar uno de estos derechos nuevos que de no hacerlo”.
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