Joana Maldonado
Foto: Juan Manuel Valdivia
La Jornada Maya

Chetumal, Quintana Roo
Lunes 3 de febrero, 2020

Al Ayuntamiento de Othón P. Blanco le quedan poco más de 40 días para clausurar y sanear el basurero a cielo abierto ubicado en Calderitas, aunque promovieron un recurso de revisión. Ante esta situación, el alcalde Otoniel Segovia Martínez y los funcionarios involucrados están en riesgo de ser destituidos y podrían enfrentar una denuncia penal y juicio político.A finales de noviembre del año pasado, el juzgado sexto de distrito resolvió que el Ayuntamiento othonense tiene plazo de dos meses para ejecutar el saneamiento del tiradero a cielo abierto del poblado de Calderitas, y cuatro meses para el cierre definitivo, en relación al juicio de amparo 306/2019 que promovieron en abril de ese mismo año colonos de Las Américas 3.

El abogado promotor, Héctor Pérez Rivero, precisó que la administración municipal ha incumplido con el ordenamiento judicial de sanear y a cambio impugnó, mediante un recurso de revisión, la resolución del juzgado sexto.

No obstante, desde el punto de vista jurídico la impugnación no procederá pues los argumentos que presenta el Ayuntamiento son los mismos que utilizó cuando el amparo fue aceptado en marzo de 2019 mediante un recurso de queja.

“Mencionan que no se debe admitir el amparo porque no hay una afectación al interés superior de la niñez y que tampoco a nivel colectivo, y el amparo logró acreditar el daño, por eso la sentencia a favor; sin embargo, ellos meten los mismos argumentos”, indicó el abogado, quien cree que este recurso de revisión es para ganar tiempo, aunque acota que la sentencia del amparo establece que el tiempo otorgado ha sido suficiente, pues supone que antes el Ayuntamiento cumplió con medidas de saneamiento que impuso la Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA) desde abril de 2018.

En una reciente reunión del presidente municipal con autoridades federales de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en donde estuvo el director general de coordinación metropolitana, Daniel Octavio Fajardo Ortíz, el propio alcalde solicitó recursos para una celda sanitaria, argumentando que el relleno que existe tiene 40 años y que no puede resolver el problema. Dijo que además tiene un emplazamiento legal y que tiene 48 días para cumplir.

“Que si no termino ese problema me pueden destituir, pero el problema es el siguiente: yo le destino 80 mil pesos diarios a meter la basura que dejaron fuera las administraciones pasadas y no puedo hacer cosas que requiere el municipio porque tengo que estar destinando recursos para ese problema, sí hay un consejo pero no hay solución, nos dicen que cambiarán las reglas de operación, pero ¿hasta cuando tendremos el recurso? Porque es una prioridad sanitaria”, se oye decir al alcalde.

Al respecto, el abogado consideró que lo dicho por el alcalde resulta mentira, pues ni se está trabajando en el saneamiento ni tampoco se gasta esa cantidad en la renta de maquinaria.

“¿De dónde saca 80 mil pesos diarios si la renta de maquinaria es de 4 mil 500 pesos?”, cuestionó el abogado, quien confirmó que Segovia Martínez puede ser destituido toda vez que hay una violación a la Ley de Amparo, además de que se puede tipificar como delito ambiental.

Anticipó que el presidente municipal, la síndico y los servidores públicos de áreas como Ecología y Servicios Públicos Municipales podrían enfrentar una denuncia penal, pero que el asunto podría además dirimirse ante el Congreso local debido a que al menos el edil y la síndico deben enfrentar primero un juicio político para su desafuero y que puedan ser juzgados como civiles.


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