Sociedad civil y residentes de la península solicitan intervención de CNDH ante Tren Maya

Abraham Bote
Foto: Fernando Eloy
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Lunes 11 de mayo, 2020

Organizaciones de la sociedad civil, residentes indígenas y no indígenas de los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán han interpuesto una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por violaciones al derecho a la salud, integridad personal, la vida y medio ambiente sano de la población de la Península de Yucatán por el avance del Tren Maya durante la Emergencia Sanitaria.

En esta queja se pide al organismo que otorgue medidas cautelares y/o precautorias para que se detengan los avances del proyecto durante este periodo de confinamiento, informó un comunicado.

Cabe recordar que, como informamos el pasado 8 de mayo, la comunidad maya ch'ol consiguió suspensión provisional de las obras del Tren Maya: un Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Penales Federales del estado de Chiapas determinó que el gobierno federal debe de abstenerse de realizar actos tendentes a la ejecución del proyecto denominado "Tren Maya", en los municipios de Palenque, Salto de Agua y Ocosingo, Chiapas, con el fin de evitar riegos de contagios por COVID-19 en la comunidad, informó Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos en un comunicado.

De acuerdo con el documento, firmado por Red de Litigio Estratégico en favor de Comunidades Indígenas y Campesinas de la Península de Yucatán, Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A.C.Red de Productores de Servicios Ambientales "Ya'Ax Sot' Ot' Yook'ol Kaab" A.C., y la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch' Xíinbal, el 6 de mayo de 2020, organizaciones civiles, colectivos indígenas y residentes de los tres estados de la Península de Yucatán interpusieron una queja ante la CNDH y solicitaron medidas cautelares o precautorias por las actividades que actualmente se llevan a cabo en la región para ejecutar el proyecto denominado "Tren Maya".

En la queja, argumentan que estas actividades, entre las que se encuentran licitaciones, encuestas, censos, entrevistas, inspecciones, revisiones, mantenimiento y construcciones de estructuras, que no se clasifican como esenciales según el mismo gobierno federal, ponen en peligro la salud, la vida, la integridad personal, y medio ambiente sano de sus personas, las de sus familias y la población de la región por los riesgos de contagio de COVID-19.

En el comunicado detallaron que a razón de esta enfermedad, la Secretaría de Salud ha declarado una emergencia sanitaria desde el 30 de marzo y hasta el 30 de mayo de 2020 recomendando el confinamiento de las personas y restringiendo la actividad comercial, empresarial y productiva de varios sectores.

Sin embargo el proyecto del tren en el sureste mexicano no se ha detenido atentando contra la salud y la vida de millares de personas indígenas y no indígenas en la región. "Estas actividades de ejecución del nombrado "Tren Maya" representan un abuso de poder durante la pandemia en detrimento de los derechos humanos de todos los gobernados ya que avanzan mientras que la población sufre de las restricciones impuestas de manera fáctica y legal al derecho al acceso a la información y a la justicia por las suspensiones que se han decretado para proteger la salud, vida e integridad personal de los que colaboran en los organismos que brindan el servicio de acceso a la información así como de los organismos jurisdiccionales federales que deciden sobre la constitucionalidad y legalidad de este tipo de acciones del gobierno federal", manifestaron.

Edición: Enrique Álvarez