Hubert Carrera Palí
Foto: Fernando Eloy
La Jornada Maya
San Francisco de Campeche
Martes 27 de marzo, 2018
No cesa el desorden y la piratería en el servicio transporte público, pese a las acciones y medidas permanentes que realiza el Instituto Estatal del Transporte (IET), como los operativos sorpresa.
Candelario Salomón Cruz, director del IET, dio a conocer que recientemente se detuvo, por operar de manera irregular y sin brindar seguridad a los usuarios, a 59 mototaxis.
Detalló que 18 fueron retenidos en Calkini, 13 en Hecelchakán y 28 en Escárcega, debido a que estaban operando de manera irregular y sin ninguna seguridad para los usuarios del servicio.
Asimismo, continúan en el corralón de la Secretaría de Seguridad pública (SSPYAC) 72 unidades de Uber, que en estos días serán liberadas.
[b]Partidos exigen retiro de propaganda política[/b]
Sobre la propaganda política que portan taxis y unidades del transporte urbano a favor de ciertos aspirantes a cargos de elección popular, Salomón Cruz aseguró que no hay ninguna violación a la ley, siempre y cuando los propietarios de las unidades soliciten el permiso correspondiente.
Al respecto, durante la sesión ordinaria del Instituto Electoral del Estado (IEEC), los partidos Morena y del Trabajo reventaron en contra de esta disposición, alegando que se está aprovechando una laguna del Código Electoral del Estado para hacer labor proselitista a favor de candidatos del PRI y del PAN.
Antonio Gómez Saucedo, representante del PT ante el IEEC, exigió al Pleno el retiro de toda esta propaganda, afirmando que induce claramente al voto a favor de una persona, y amenazó con interponer la denuncia correspondiente ante el Tribunal Electoral del Estado, por presuntos actos anticipados de campaña.
Jueza adscrita al penal estatal de Chalco amplió a octubre la etapa del cierre de investigación
La Jornada
Unos 3 mil productores serán beneficiados con sistemas modernos y eficientes
La Jornada Maya
Robert De Niro recibirá una Palma de Oro honorífica en el evento
Ap / Afp
Amenazó con suspender bienes y salarios a los más de 10 millones de indocumentados
La Jornada