Hubert Carrera Palí
Foto: Fernando Eloy
La Jornada Maya
San Francisco de Campeche
Martes 6 de marzo, 2018
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ejercerá este año en la entidad un presupuesto de dos mil 76.6 millones de pesos, como parte de su programa de inversión en infraestructura 2018, según reveló el director del Centro SCT-Campeche, Eliasib Polanco Saldívar, en conferencia de prensa conjunta con el dirigente local de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Víctor del Río.
De esta inversión, los constructores locales recibirán poco más del 85 por ciento, lo que augura una excelente derrama económica para ellos. La meta es superar ese mismo porcentaje que se logró el año pasado y que colocó a la entidad entre las que mayor beneficio dieron a sus empresas constructoras locales, lo que se tradujo en una importante generación de empleos.
De este presupuesto, 971.9 millones se ejercerán en la construcción y modernización de carreteras federales; 806.9 millones para la conservación de la red federal carretera; 283.3 millones para conservación de caminos rurales y 14.5 millones en el Programa de Empleo Temporal.
Para las obras de construcción y modernización destacan el acceso al puerto de Seybaplaya, de estructuras de paso vehicular en la Champotón-Villamadero; el distribuidor vial Tenabo III en la carretera Campeche-Mérida; y la conclusión de la ampliación y modernización de la carretera costera en la capital campechana.
En este sentido, dijo que esa obra suspendida por la Profepa por no cumplir con los estudios de impacto ambiental, ya fue resuelto mediante el pago de una multa por las dos empresas que llevan a cabo los trabajos, y que no hay retraso en este proyecto, pues es una obra calendarizada bianual, e inició el año pasado, así que aún se está a tiempo de concluirla.
Sobre las sanciones que la SCT aplicaría a esas dos empresas constructoras, precisó que es la Profepa la que les impuso la sanción económica de un millón de pesos, y que con ello en breve se reiniciarán los trabajos para terminar esa carretera donde se invierte poco más de 150 millones.
Referente al conflicto campesino de Pomuch, que exigen el pago del derecho de vía por más de ocho millones y que derivó en el cierre carretero parcial que dejó como saldo cinco detenidos, Polanco Saldívar precisó que entre los ejidatarios hay un conflicto interno y están divididos en dos grupos, y que hasta que el Tribunal Agrario decida qué grupo es el auténtico representante legal del ejido se procederá a la indemnización.
Sin embargo, subrayó que en el 2013 la SCT negoció con el grupo que en ese entonces estaba como representante del ejido al pagarles en una primera ministración de un millón y medio de pesos, pero ahora se inició y ya está en desarrollo un proceso de expropiación de esas tierras, y con base en el avalúo que se obtenga se les pagará la diferencia para finiquitar este asunto.
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