Texto y fotos: Jairo Magaña
La Jornada Maya

Candelaria, Campeche
Lunes 21 de octubre, 2019

Han pasado más de dos años y seis meses desde la llegada de 416 guatemaltecos procedentes de la comunidad de Laguna Larga, quienes huyeron de ahí ante la amenaza de ser acribillados por el ejército guatemalteco.

En conferencia de prensa y acompañados de asociaciones civiles mexicanas, así como del bufete de abogados de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de Guatemala, Julio y Marvin dieron testimonio de la situación en la que viven en la línea fronteriza entre México y Guatemala, ubicada en la zona del municipio de Candelaria, a las cuales consideraron precarias y de urgente apoyo por parte de México para que el gobierno de Guatemala resuelva este desplazamiento forzado.

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Entre las múltiples reuniones que han tenido dichos habitantes con autoridades de las tres órdenes de gobierno, destaca que el Instituto Nacional de Migración (INM) poco a poco y con control ha dotado a algunos hombres con permisos provisionales para trabajar en territorio mexicano y poder así llevar comida extra a la zona. Por su parte el gobierno estatal ha proveído servicios médicos esporádicos, que han sido insuficientes; el único compromiso del gobierno municipal, un camino para facilitar el acceso al campamento, no ha sido cumplido.

Tanto la asociación Voces Mesoamericanas de San Cristóbal de las Casas, como los médicos que han asistido a los desplazados, señalan que la situación es precaria. Al respecto, el galeno Joel Heredia Cuevas reveló que al menos tres habitantes de cada familia tienen problemas pulmonares por las condiciones climáticas y el agua que utilizan, que proviene de una laguna contaminada y hervir el líquido no basta para eliminar las bacterias.

[b]Situación puede agravarse[/b]

Aldo Ledón Pereyra, representante de Voces Mesoamericanas, reveló que en un trabajo de investigación realizado por la asociación, así como por el bufete de abogados de la CNDH de Guatemala, se halló que de las aproximadamente mil 500 comunidades asentadas en la misma área de la Reserva Natural de los Petenes que potencialmente podrían migrar a causa de amenazas similares. Cada comunidad tiene al menos entre 300 y 500 habitantes, algunas hasta mil, por lo que se estaría hablando de un movimiento migratorio terrible y ocasionado por la permisión a empresas para explotar zonas que requieren protección gubernamental.

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Por su parte, Marvin relató, con voz entrecortada, que en este tiempo la comunidad de desplazados ha presenciado 10 partos, ocho muertes y cerca de 15 abortos debido a las condiciones en que viven y la escasa alimentación que tienen, ya que no hay manera de cultivar suficientes alimentos y, al no poder trabajar, tampoco de comprarlos. Añadió que tienen en renta tres hectáreas en las que cultivan chigua, maíz y frijol, pero esto es insuficiente.

Añadió que pese al tiempo y el olvido en que los tiene el gobierno guatemalteco, solamente quieren regresar a Laguna Larga.


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