Texto y foto: Gabriel Graniel Herrera
La Jornada Maya
Ciudad del Carmen, Campeche
De nueva cuenta el Ayuntamiento de Carmen demuestra su desconocimiento de la legislación vigente, al clausurar a través de la Coordinación de Gobernación, las oficinas de la empresa Oceanografía, S.A. de C.V. (OSA), contraviniendo una sentencia del Poder Judicial de la Federación, que suspende embargos o ejecuciones en contra de los bienes de esta compañía.
En días pasados, los inspectores de la Coordinación Municipal de Gobernación clausuraron las oficinas de la empresa OSA, por no contar con licencia de funcionamiento; mientras que empleados de la Dirección de Desarrollo Urbano, notificaron que se mantienen un adeudo por impuesto predial de más de un millón 350 mil pesos; ambos desde el 2013.
[b]Improcedente clausura[/b]
Elías Marín, representante de los ex trabajadores de la empresa OSA, resaltó que se encuentra en un concurso mercantil y que mediante sentencia pública, se determinó la forma de reconocimiento de todo tipo de créditos o adeudos que se tuvieran.
Dijo que por lo tanto, el Ayuntamiento de Carmen, está pasando por alto el ordenamiento de un juicio mercantil, promovido ante el Poder Judicial de la Federación y mediante el cual, se determina la vía para registrar adeudos y al no hacerlo y ejecutar actos en contra de los bienes de OSA, está violentando entre los derechos reconocidos de acreedores inscritos.
De acuerdo con la sentencia emitida por la juez Tercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, Thelma Aurora Méndez Domínguez, en relación al expediente 265/2014-IV, de fecha 5 de agosto del 2014, se declaró abierta la etapa de conciliación, designando al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), como conciliador.
En la sentencia manifiesta que se iniciará el procedimiento de reconocimiento de créditos por parte de los acreedores de la empresa, quienes debieron solicitarlo previamente.
Finalmente, Méndez Domínguez ordenó suspender el pago de los adeudos contraídos con fecha anterior a la sentencia y que durante la etapa de conciliación sea suspendido todo mandamiento de embargo o ejecución contra los bienes y derechos de la empresa.
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