Hubert Carrera Palí
Foto: Facebook @carlosmiguelaysag
La Jornada Maya

San Francisco de Campeche
Lunes 14 de agosto, 2017

El modelo de coordinación implementado por la actual administración estatal y el apoyo del Congreso para aprobar las reformas y nuevas normas, sobre todo en materia anticorrupción, han sido fundamentales para el combate frontal a la delincuencia que mantiene a Campeche como la entidad más segura del país, destacó ayer el secretario general de Gobierno, Carlos Miguel Aysa González.

Al comparecer ante el Congreso del estado como parte de la glosa del segundo informe de gobierno, respecto al Eje 4, Aysa González precisó que la coordinación entre las corporaciones policíacas locales, federales y militares arrojan resultados positivos, tales como el decremento en 5 por ciento de la incidencia delictiva, en comparación con el período enero-julio del año pasado.

[b]Índices y percepción[/b]

Acompañado de los titulares de Seguridad Pública, Fiscalía General, Consejo Estatal de Seguridad Pública y de la Secretaría de Protección Civil, entre otras dependencias, el responsable de la política interior de Campeche precisó que los indicadores que ubican a la entidad como la de menor incidencia delictiva están basados en cifras oficiales y de organismos no gubernamentales.

Por su parte, Carlos Martínez Aké, diputado por Morena, cuestionó que con base en datos de la Encuesta de Seguridad Urbana, la percepción de inseguridad ubica a Ciudad del Carmen con 85 por ciento, y que el decremento quizás sea por la cifra negra de la “no denuncia”, por lo que llamó a trabajar sobre la "realidad".

[b]Percepción, por redes[/b]

La respuesta fue del secretario de Seguridad Pública, Jorge Argáez Uribe, quien subrayó que en materia de percepción se tienen cifras que corresponden a momentos determinados y que mucho de esto se crea por la difusión a través de redes sociales, como por ejemplo la aplicación de la "cero tolerancia".

Indicó que tan sólo en este período se aseguró a 30 mil personas por conducir alcoholizados, por escandalizar en la vía pública o por robo, y son esas 30 mil y sus familiares quienes utilizan las redes sociales para difundir supuestos abusos, y eso genera esa percepción.


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