Hubert Carrera Palí
Foto: Archivo
La Jornada Maya
San Francisco de Campeche
Miércoles 25 de enero, 2017
Sí hay tala clandestina en el poblado de Miguel Colorado, municipio de Champotón, debido a que el permiso fue cancelado y turnado a un juez para recurso de apelación, aclaró la titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Rocio Abreu Artiñano.
La funcionaria explicó que toda explotación de madera que se lleve a cabo en esa región, por parte de las comunidades aledañas representa un delito federal; por lo que ya está el asunto en manos de la Procuraduría General de la República (PGR), que es la instancia que debe actuar con toda firmeza.
La Semarnat está esperando el resolutivo de este recurso de apelación que interpuso el ejido Miguel Colorado, para continuar con el aprovechamiento del recurso; sin embargo, en tanto no se dicte una orden final, nadie puede extraer el recurso de esas áreas y mucho menos campesinos de sitios aledaños, como Lechugal.
“Por eso hay que dejar muy en claro, y los campesinos lo saben, que no hay permiso para talar en esas ampliaciones”.
La funcionaria de la Semarnat aseguró que luego del plantón que realizaron los pobladores de Miguel Colorado para exigir el cese de la tala clandestina, se solicitó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), a la PGR y al mismo Ejército Mexicano, su intervención, para evitar que continúe la devastación y se proceda contra los responsables.
En esa zona hay intereses económicos muy fuertes, que están provocando esta confrontación, por lo que pidió a los moradores de Miguel Colorado mantener la calma, hasta que la autoridad correspondiente intervenga, pero nunca incitar a la violencia, reiteró.
La funcionaria reconoció que hay conflictos añejos por el problema de la tala ilegal, y recomendó a los taladores abstenerse de seguir sacando madera, pues la ley es implacable tratándose de un delito tan grave; sobre todo, porque lo están haciendo sin autorización.
Abreu Artiñano aseguró que tanto la Profepa, como la PGR y la Sedena han redoblado esfuerzos de vigilancia en esa región selvática del estado, para dar con el paradero de los responsables.
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