Programas ambientales casi sin presupuesto

Hubert Carrera Palí
Foto: Cortesía Asociación MCA
La Jornada Maya

San Francisco de Campeche, Campeche
Lunes 23 de enero, 2017

Este año, el presupuesto de la federación desapareció el 90 por ciento de los programas ambientales existentes en 2016; los que subsisten sufrieron un recorte del 40 por ciento. Sin embargo, el gobierno del estado mantendrá sus acciones en este rubro, indicó Roberto Alcalá Ferráez, titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Campeche (Semarnatcam).

El funcionario reveló que desaparecieron programas como Residuos Sólidos y Recalentamiento del Aire, mientras que permanece el de Empleo Temporal (PET) y el de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMAS). Éste último cuenta con una bolsa global de 150 millones de pesos, pero ambos son manejados desde la Semarnat federal y se desconoce cuánto de este monto será destinado a Campeche.

Señaló que el gobierno federal anunció, para 2016, una inversión de 40 millones de pesos para el programa de Residuos Sólidos. Sin embargo, no se ejerció este recurso y este año desapareció por completo.

[b]No a la siembra de soya transgénica[/b]

El funcionario manifestó que se está atendiendo el tema de la siembra de soya transgénica, por el impacto que tiene en los cultivos con la aplicación de paquetes tecnológicos y el daño que provoca a la agricultura. En este sentido, señaló, este gobierno busca un acuerdo, protocolo o ruta con la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), para que Campeche quede libre de este cultivo hasta 2030, como principio de la política ambiental de la entidad.

“Para nosotros es más importante, en términos productivos, económicos y ambientales, preservar bosques y la actividad apícola”, indicó.

Lo que Campeche está haciendo, afirmó, es preparar un acuerdo para establecer un protocolo de atención al tema de la soya transgénica. Lo anterior, con el objetivo de que haya una hoja de ruta clara de cómo llegar al organismo responsable, teniendo como sustento el acuerdo hasta el 2030, “como principio de nuestra política ambiental, que también es una intención de las entidades que conforman la península de Yucatán”, abundó.

Alcalá Ferráez indicó que la controversia interpuesta por el gobierno federal al pronunciamiento hecho por el gobernador de Yucatán, Zapata Bello, al declarar a esta entidad libre de soya transgénica, era de esperarse, por el hecho de que determinó la vía completa; esto es, planteó que no se sembraran transgénicos y que no se lleven a Yucatán. Son dos temas diferentes: uno de consumo y el otro de siembra, explicó.

Aunado a lo anterior, el gobierno de Yucatán tomó la determinación por su soberanía, pues desde 2011 solicitó ser área libre de transgénicos a las autoridades competentes, que le habían negado el permiso a las comunidades y municipios mayas de esa región.

La lentitud del proceso federal de la Cibiogem, abundó, provocó que Yucatán tomara una decisión de carácter soberano, lo que obviamente entró en conflicto con los intereses de la Federación; por eso se generó una controversia para que sea un juez o la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que determine finalmente si Yucatán traspasó su área de competencia.