Hubert Carrera Palí
Foto: Fernando Eloy
La Jornada Maya
San Francisco de Campeche
Martes 17 de enero, 2017
La Oficialía de Partes de los juzgados federales recibió poco más de 100 solicitudes de amparo contra el aumento a las gasolinas y la energía eléctrica, promovidos a través del Comité Ejecutivo Estatal de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), mediante un despacho especializado de abogados. Las peticiones provienen de los municipios de Campeche, Escárcega y Calkiní.
Manuel Zavala Salazar, dirigente estatal de Morena, advirtió que solo se trata de una primera expresión en la que la ciudadanía expresa su más enérgico rechazo al gasolinazo, al incremento de la energía eléctrica y otros bienes y servicios como gas LP y la misma canasta básica.
Advirtió que las movilizaciones, marchas, protestas y el empleo de la justicia son armas con las que seguirán luchando de manera pacífica hasta que se revierta la decisión del presidente Enrique Peña Nieto.
Zavala Salazar reveló que tienen en puerta la entrega de más amparos, para lo cual han solicitado el apoyo de un despacho de abogados especialistas conformado por Carlos Ramírez Cortés, Gustavo Quiroz y Antonio Balam Quej.
El dirigente de Morena expuso que México vive actualmente una situación complicada por el alza en las gasolinas y como consecuencia, en todos los productos que componen la canasta básica. Consideró que las medidas adoptadas por el Presidente para revertir esta situación fueron demasiado tardías, pues se anunciaron cuando ya todos los mexicanos tenían la daga en el corazón.
Señaló que Morena luchará hasta el final para que esta situación se revierta, puesto que no es justo que por la ineptitud de los políticos, sea el grueso del pueblo, quienes tienen las mayores necesidades económicas, los que siempre tengan que pagar los platos rotos.
La entrega de las solicitudes de amparo se dio bajo fuertes medidas de seguridad al interior de los juzgados federales. Se impidió el acceso a los reporteros, pese a tratarse de un edificio público. Incluso guardias de seguridad privada y empleados cuestionaban a los comunicadores sobre el objetivo de su presencia en las instalaciones.
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