José Antonio Román
Foto: Cristina Rodríguez
La Jornada Maya
Ciudad de México
Lunes 2 de diciembre, 2016
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobierno de Campeche, al ayuntamiento de Carmen y a las autoridades del Congreso del estado, por violaciones a los derechos humanos relacionados con la prestación indebida de seguridad pública, en la que un grupo de inconformes bloqueó los accesos y salidas de dicha alcaldía, reteniendo en su interior durante casi 24 horas a decenas servidores públicos y usuarios.
En el expediente de investigación, el organismo nacional señala que en los hechos ocurridos el 20 de octubre de 2015, se acreditó que las autoridades del municipio de Carmen no atendieron con diligencia esa situación sufrida por decenas de personas y servidores públicos del ayuntamiento, ni brindaron la atención necesaria al grupo inconforme.
En la recomendación 63/2016, la CNDH señala que de igual manera se acreditaron violaciones al derecho de acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia, por parte de la Fiscalía General del Estado de Campeche, al no proceder a la investigación de los hechos probablemente constitutivos de delitos del orden común una vez que tuvieron conocimiento de los mismos, ni realizar los actos propios de la función ministerial.
Y es que ese 20 de octubre, un grupo de agremiados al Sindicato de los Tres Poderes, afiliado a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), con el apoyo de otros grupos y organizaciones, se manifestaron en contra del alcalde panista de Carmen, Pablo Gutiérrez Lázarus, a quien le exigían la destitución del director de Educación y Cultura, Jorge Falconi.
Durante la protesta, los inconformes tomaron todos los accesos y salidas del Palacio Municipal, sin dejar entrar ni salir a nadie, además de bloquear con camiones las calles del primer cuadro de la ciudad.
En una larga lista de recomendaciones, la CNDH pide a la autoridad ministerial realice todas las diligencias que en derecho procedan, a efecto de que se integre y determine conforme a derecho la averiguación previa y sus acumuladas, las cuales fueron iniciadas con motivo de los hechos de referencia, debiendo salvaguardar los derechos de las personas que resultaron afectadas.
Asimismo, se recomendó al ayuntamiento de Carmen la elaboración de un protocolo de actuación para los casos de tomas de oficinas o inmuebles públicos de dicho municipio, con riesgo de que se prive de su libertad a las personas; así como un protocolo de actuación para hacer uso legítimo de la fuerza pública como último recurso, por parte de la policía municipal de Carmen, en el que se tome en cuenta los medios de disuasión y no se ejerza de manera arbitraria.
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