Rechaza ejido de Calkiní más de 2 mdp de Fonatur

El pasado domingo debió concluir el proceso de indemnización por los trabajos del Tren Maya a las tierras que serán impactadas en el ejido Calkiní, ubicado a unos 84 kilómetros de la ciudad de Campeche.

Sin embargo, el comisariado que entró en octubre de 2020, el cual preside Anselmo Jesús Ku Chab, informó que la anterior administración ejidal recibió un único cheque por 10 millones 300 mil pesos, pero no existe información del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) sobre el avalúo de esas tierras.

Reconoció que los más de 10 millones de pesos fueron dispersados de manera igualitaria entre los más de 530 ejidatarios de dicho núcleo, y que posteriormente a su ingreso descubrieron que había un excedente de 70 mil 300 metros cuadrados que trataron de negociar, pero bajo otro avalúo, que tampoco les han querido explicar, les ofrecieron 2 millones 46 mil pesos, que categóricamente rechazaron al considerarlo muy poco.

“Las 25 hectáreas primeramente señaladas nos las pagaron a más de 41 pesos el metro cuadrado, y ahora ese excedente de siete hectáreas lo están pagando sólo en 29, pues no es justo; queremos saber la diferencia, pero desde esos 10 millones de pesos no hay un desglose en el concepto de bienes distintos a la tierra y desconocemos tanto los procesos, así como el criterio utilizado para tener un número”, señaló.

De igual manera dijo que es el único cheque del que quedó constancia en el ejido, a comparación de los ejidos como Miguel Alemán en Candelaria o 5 de Febrero en Champotón, dónde el primero recibió dos cheques oficialmente y cuando hubo cambio de comisariado resultó que recibieron cuatro, mientras que el otro recibió dos pero al verse un poco raro el proceso ya no quiso recibir un tercer cheque.

Ku Chab consideró que si no hay nada malo y los representantes de la división Tren Maya en Campeche, así como el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Procuraduría Agraria (PA), Registro Agrario Nacional (RAN) y demás organismos federales que intervienen, tienen ética profesional y moral, entonces darán las explicaciones necesarias a los ejidatarios, en una asamblea oficial, y posteriormente aceptarán con gusto lo que está valuado por sus tierras.

“Sabemos que las tierras son de la nación, pero pertenecen al ejido. No nos oponemos al proyecto porque sabemos lo que es y lo que traerá, pero creo que muchos de mis compañeros y yo estamos cansados que aprovechen que ignoramos muchos temas, esta vez fue diferente porque ya entendemos un poco más”, finalizó.

Edición: Laura Espejo