Con la participación de supervisores y docentes de educación indígena de la entidad, se llevó a cabo en Campeche el Parlamento Estatal Indígena del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, promovido por la Sección 4 del organismo sindical, como un espacio de expresión que permite reconocer, valorar y promover el uso de las lenguas indígenas existentes en el estado, así como mejorar las condiciones laborales a través de la exposición de problemáticas a las que se enfrentan en el ejercicio de la práctica educativa.
En representación de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, el secretario de Educación, Raúl Pozos Lanz, estuvo presente el sábado pasado en la inauguración del Parlamento Estatal del Magisterio Indígena del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), al ser el primer estado de la República Mexicana en realizar esta actividad.
Ante el líder sindical, Sergio Flores Gutiérrez, el titular de la Seduc, refirió que estas acciones dan muestra de cómo el magisterio se prepara todos los días, pero además –señaló- estos foros son de gran importancia para revalorar nuestros orígenes y cultura para transmitirlos a las niñas, niños y jóvenes en las aulas.
Agregó que en este camino por la nueva Ruta de la Educación, los sindicatos son aliados esenciales, ya que con ellos se tiene un común denominador, que es el bien de la educación.
Flores Gutiérrez destacó que en este Parlamento se establecieron mesas de trabajo donde abordaron temas relacionados con los derechos laborales de los docentes, además de los programas educativos para los pueblos originarios, a fin de determinar los elementos esenciales de una práctica idónea en materia de educación indígena, y ambos aspectos serán plasmados en los resolutivos que serán la voz en el Parlamento Nacional para continuar construyendo y avanzando a favor de la educación en las comunidades autóctonas.
Así, también refirió que se analizó el Plan de Estudios de Educación Básica, dando cumplimiento al carácter incluyente y participativo dispuesto en el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido reúne las aportaciones de 15 mil 324 personas de pueblos indígenas.
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