Mientras el Tribunal de Conciliación y Arbitraje ha exigido a los actuales ayuntamientos de Campeche hacerse cargo de los laudos pendientes de pasadas administraciones, pidiendo los recursos necesarios en sus leyes de ingresos, al menos tres ediles señalaron que estos ponen en riesgo la operatividad de las administraciones municipales pues la Secretaría de Finanzas se niega a hacer ajustes al programa operativo proyectado para las secretarías de estado.
Los ediles de los municipios originales del Camino Real, Tenabo, Hecelchakán y Calkiní, quienes por ejemplo señalaron tener ordenamientos del Tribunal de Conciliación para saldar laudos por 27 millones de pesos, 14.5 y 10 millones, respectivamente en cada ayuntamiento.
Los tres coincidieron que desde el año pasado han solicitado estos recursos, defienden con argumentos por qué lo solicitan e incluso han traído los ordenamientos del Tribunal de Conciliación para que de alguna manera entiendan que no es tema de estos, sino un tema de pasadas administraciones y que ahora les afecta a los actuales.
Incluso han buscado acercamientos con la gobernadora Layda Sansores para tratar el tema, pues con los recortes presupuestales y en las participaciones federales que mes con mes les llegan a los municipios no han logrado hacerse de los recursos necesarios ni siquiera para negociar con los ex trabajadores.
Al respecto, Héctor Malavé Gamboa, diputado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), afirmó que ellos analizan en comisiones la información dotada por los ediles y mandan todo a la Secretaría de Finanzas, y es ahí donde finalmente deciden si se hacen ajustes o no.
El diputado reveló que los ayuntamientos podrían declararse insolventes para cubrir los laudos, pero si eso ocurre, sería la federación quien tomaría las riendas del presupuesto municipal y buscaría cómo cumplir con los ex trabajadores y además sacar adelante el programa operativo de la administración municipal, es decir, una especie de destitución.
Recalcó que es la Secretaría de Finanzas la que debería realizar los ajustes presupuestales a las dependencias u organismos de estado, pero eso sería a su vez arriesgar la operatividad de las secretarías de gobierno.
Edición: Estefanía Cardeña
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La Jornada
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