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Jairo Magaña
17/01/2026 | San Francisco de Campeche
La Comisión de Derechos Humanos de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) condenó las acciones realizadas al margen del respeto a los derechos humanos por parte de la policía estatal de Campeche, por lo que exigió un trato acorde con el debido proceso para el ex rector José Alberto Abud Flores, la reparación de los daños personales e institucionales ocasionados en su caso y el respeto a la autonomía universitaria, garantizada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
A través de un comunicado difundido en redes sociales, dicha Comisión de la AMC señaló que ha seguido con preocupación la información relacionada con la detención, el día 13 del presente mes, y la posterior liberación provisional, el 14, de José Alberto Abud Flores, exrector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM). Destacó que Abud Flores fue interceptado y detenido a bordo de un vehículo de la universidad, en compañía de dos de sus colaboradores.
Precisó que los datos dados a conocer públicamente sobre las circunstancias de la detención son imprecisos, carecen de información puntual y detallada y, además, apuntan a un posible incumplimiento de los protocolos requeridos para garantizar la legalidad en la actuación de la policía estatal.
Abud Flores se encontraba en la etapa final de su periodo como rector de la UACAM, con posibilidad de reelección para un nuevo mandato. Asimismo, la madrugada del 14 de enero, personas presuntamente ajenas a la Universidad convocaron a un grupo de consejeros universitarios para nombrar como rectora sustituta a Fanny Guillermo Maldonado.
La sucesión de los hechos narrados amerita diversas consideraciones desde la perspectiva de los derechos humanos y de las garantías constitucionales y convencionales que protegen la autonomía universitaria.
La Comisión consideró que el procedimiento de detención de cualquier persona, incluso en casos de flagrancia, debe sujetarse de manera irrestricta a los estándares del debido proceso, garantizando la legalidad y transparencia en la actuación de los cuerpos de seguridad pública, así como el derecho a la presunción de inocencia.
Finalmente, advirtió que la celeridad, ajena a toda normatividad, con la que se realizó la sustitución del rector tras su detención, pone en grave riesgo la autonomía universitaria, la cual están obligados a respetar todos los poderes públicos, tanto a nivel estatal como federal.
Edición: Emilio Gómez
