Hubert Carrera Palí
Foto: Paul Antoine Matos
La Jornada Maya
San Francisco de Campeche
Jueves 8 de diciembre, 2016
Los reportes finales de vigilancia y verificación de siembra de soya transgénica que realiza el Servicio Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) en la región de Los Chenes y el municipio de Campeche son inconsistentes, según exhibió Sol Ortiz García, secretaria ejecutiva de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismo Genéticamente Modificados (Cibiogem), al determinarse finalmente el aseguramiento de 16 predios que arrojaron pruebas positivas y no sólo uno, como había indicado el Senasica.
El informe del Senasica reveló que las 16 muestras que arrojaron positivo a soya genéticamente modificada representan una superficie de 336 hectáreas, de las cuales 10 corresponden a predios ubicados en el municipio de Hopelchén, lo que representan una superficie de 305 hectáreas, y seis al municipio de Campeche, con una superficie de 31 hectáreas.
Añade el informe que de los 10 predios ubicados en Hopelchén, cuatro se localizan en la comunidad El Temporal, con 30 hectáreas; uno en Santa Rosa, con 20 hectáreas; cuatro en Santa Fe, con 220 hectáreas, y uno en Nuevo Progreso, con 35 hectáreas.
De los seis predios ubicados en el municipio de Campeche, uno se localiza en la comunidad Carlos Cano Cruz, con cinco hectáreas, y cinco en Nueva Esperanza, para 26 hectáreas.
Asegura el informe que para todos los casos se expidieron acuerdos en los que se ordenó el aseguramiento precautorio, y se instruyó dejándoles a los propietarios o arrendatarios a no realizar actividades de cosecha hasta que se les notifiquen las medidas de bioseguridad, quedando en calidad de depositarios y resguardantes de la siembra, hasta que se les indique el destino final del cultivo.
Las sanciones establecidas en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados van desde multas de 500 hasta 30 mil salarios mínimos; es decir, de unos 36 mil 500 pesos hasta 2.1 millones de pesos.
[b]Exigen cese de delegado de Sagarpa[/b]
Jorge Fernández Mendiburu, representante legal de las comunidades mayas que participan en la consulta indígena, calificó de irresponsables las declaraciones del delegado estatal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Lucio Lastra Ortiz, anunciando que en la comunidad de Dzibalchén se sembrará soya transgénica a petición de sus habitantes, para lo cual la dependencia federal prepara acciones de capacitación y la adquisición de un contenedor para el resguardo de agroquímicos.
El abogado consideró que, por esta declaración, Lastra Ortiz debe ser separado de su cargo, al omitir que se está llevando a cabo una consulta en este sentido en cumplimiento a un mandato ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que los pueblos mayas determinen libremente si continúan con la siembra de soya genéticamente modificada o no.
Explicó que la consulta apenas está en la fase deliberativa, todavía faltan cuatro fases más y al paso que va, se espera que ésta termine en tres o cuatro años, si así es la decisión de los pueblos indígenas, argumentó.
Aunado a lo anterior, Jorge Fernández consideró que la declaración del delegado de la Sagarpa contraviene los pronunciamientos hechos por la secretaria ejecutiva de la CIbiogem, Sol Ortiz, durante la audiencia pública del pasado cinco de diciembre, celebrada en Panamá, en el sentido de que no puede haber siembra de soya transgénica en tanto no se termine la consulta indígena maya.
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