Ley discrimina indígenas

Hubert Carrera Palí
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

San Francisco de Campeche, Campeche
Jueves 18 de agosto, 2016

Uno de los principales retos del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio es superar las barreras lingüísticas que impone el multiculturalismo por la permanencia de 44 lenguas autóctonas que se hablan en el estado, esto con la finalidad de erradicar el racismo, la discriminación y como consecuencia, la violación de los derechos humanos de quienes se encuentran privados de su libertad.

Durante la presentación del Diagnóstico sobre el Debido Proceso para la Población Indígena en Prisión del Estado de Campeche 2012-2015, que presentó la doctora Artemia Fabre Zarandona, presidente de la asociación civil Diálogo y Movimiento, en el cual participaron organismos gubernamentales como la Comisión para el Desarrollo de los pueblos Indígenas (CDI), el Tribunal Superior de Justicia, el Congreso del estado, la Fiscalía General del Estado (FGE), el Instituto Estatal de la Mujer (IEM), entre otros, se precisó que de la población indígena interna en los Ceresos de Campeche y Carmen, apenas 6 por ciento experimenta un proceso justo y 21 por ciento pone en peligro su vida en el interior de los penales. Además existe un grave rezago en la resolución de los juicios del fuero común.

Fabre Zarandona indicó que, a pesar de ser un estado con poca población, señalado como un lugar con poca conflictividad social y baja delincuencia, Campeche tiene registros relativamente altos en términos de impunidad en el ámbito judicial debido al rezago en sentencias. Los porcentajes de población en prisión preventiva son superiores al 50 por ciento sobre el total de la población recluida.

Factores como la falta de traductores profesionales y con carrera de abogados, problemas de semántica y recursos económicos, así como la falta de verdaderos programas de reinserción social, constituyen los casos más comunes que agravan la estadía de los indígenas en los Ceresos de la entidad.

La ponente aseguró que entre los delitos más recurrentes entre la población indígena están los homicidios, los robos, algunos casos de secuestros y de drogadicción, sin dejar de lado los más comunes, que son riñas y violación.

Los problemas más evidentes en los Ceresos son la sobrepoblación, uso excesivo de la prisión preventiva y una capacidad baja del sistema judicial para emitir sentencias. En el Nuevo Sistema de Justicia Acusatorio, esto no es la excepción, indicó.

[b]Situación carcelaria[/b]

El diagnóstico 2012- 2105 arrojó también que el reclusorio de Kobén está en los límites de su capacidad; no así el Cereso de Ciudad del Carmen, aunque está catalogado como de alto riesgo debido a una sobrepoblación que asciende al 60.16 por ciento. En ambos existen deficiencias, lo que trae consigo violación en materia de derechos humanos, así como irregularidades en el debido proceso; sobre todo en la etapa de ejecución de sentencias. Por esta situación, subrayó la doctora Fabre, Campeche es catalogado como un estado con cero políticas públicas en todas las materias para la población indígena y a nivel carcelario, concretamente en el ámbito penal, con una raquítica política en materia indígena.

Indicó que la CNDH da a Campeche, en su Diagnóstico Nacional de Situación Penitenciaria (DNSP), 5.93 de calificación, la cual es baja. La calificación reprobatoria la tiene el Cereso de Kobén, con lo cual Campeche ocupa el lugar número 20 a nivel nacional y encabeza la lista de los 13 estados por debajo de la media nacional.

[b]El estigma de la personalidad[/b]

Para Romell González Díaz, presidente del Consejo Regional Popular de Xpujil, ser indígena ha generado un estigma que va endosado a una serie de factores y elementos de carácter pluricultural frente a la realidad de hoy y los tiempos actuales que vive la sociedad.

Aunado a lo anterior, siente vergüenza y hasta miedo por tantos actos discriminatorios y de violación a sus derechos humanos que sufre con frecuencia, sobre todo en las cárceles, porque tiene un complejo de inferioridad; lo que le impide finalmente aceptar su identidad.

Su misma formación sociocultural lo marca como un individuo que recibe el rechazo social y en las cárceles es todavía más obvio, puesto que es objeto de desatención, y peor cuando su lengua madre difiere a la del grueso de los individuos.

[b]Vergüenza defender a un indígena[/b]

Aunado a lo anterior, expresó por su parte el doctor David Lobatón, representante de la Fundación para el Debido Proceso Legal, con sede en Washington, ningún abogado quiere asumir la defensa de los indígenas, por prejuicios. En este sentido, anunció la formación de una red de litigantes indígenas que asuman este rol a nivel peninsular.

Consideró que los gobiernos no pueden seguir viendo los sistemas penitenciarios como un mero gasto sin que les reditúe beneficios políticos; al contrario, deben considerar una inversión la reinserción de quienes están privados de su libertad a la actividad económica y productiva, pues volverán a ser pilares dentro del grupo familiar.